La corrupción urbanística tiene DNI. Al menos en Marbella. Sus protagonistas conforman una familia unida por lazos de interés: hay ascendientes, como Jesús Gil, ya fallecido, y cuya forma de gobierno en la ciudad durante once años generó el caldo en el se desarrollaron «Malaya», «Saqueo I» o «Saqueo II»; José Luis Sierra, el tío de la familia y brillante abogado que dio forma jurídica al Grupo Independiente Liberal (GIL) y carta de naturaleza a las infracciones urbanísticas al inspirar un plan general ilegal; o Pedro Román, la sonrisa del gilismo, el gentil caballero que fue número dos de Gil hasta que decidió marcharse.

Sin estas tres figuras -sólo Román está imputado en «Malaya»- no puede entenderse nada de lo que sucedió en la ciudad, porque Juan Antonio Roca, ex asesor de Urbanismo y cerebro de la trama, creció y aprendió a su sombra. Y nada puede comprenderse del peculiar ambiente marbellí que dio oxígeno a esta red sin entender quién es quién en su estructura.

En el árbol genealógico hay más protagonistas: Marisol Yagüe, la hija predilecta, una ex tonadillera cuya simpatía le llevó a ser edil de Participación Ciudadana y, andando el tiempo, a encabezar la moción de censura que descabalgó a Muñoz en 2003. Ahora dirige un establecimiento flamenco, que está a nombre de un familiar, donde, de vez en cuando, se la ve bailar y cantar en las calientes noches marbellíes. Como alcaldesa, su ingenio traspasó las débiles fronteras de la villa, pero como gestora su fama la llevó a la cárcel, donde pasó seis meses y donde se la conocía como la «Chanel».

Roca ha descubierto su vena altruista, y da clases de alfabetización a otros presos en la prisión de Albolote, mientras que Isabel García Marcos, la mano derecha de Yagüe y rival del ex asesor en la organización, ha vuelto a su puesto de inspectora médica en el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y ahí espera a que llegue el próximo lunes, día en el que arrancará el juicio más importante de la historia de la judicatura española.

Otro protagonista destacado es Tomás Reñones, ex edil de Deporte, que ahora lidera varios proyectos de reinserción de presos basados en la práctica del fútbol. También posee empresas de representación de futbolistas.

Tres que se fueron

Sin embargo, hay otras figuras clave que desarrollaron importantes papeles en el crecimiento de la organización: Carlos Fernández, ex edil del PA, apoyó la moción de censura en agosto de 2003 y, cuando el juez Miguel Ángel Torres lo llamó, en julio de 2006, se encontraba haciendo el Camino de Santiago. Decidió no presentarse, y lo último que se sabe de él, según la policía, es que se fugó a Argentina, donde entró a través del aeroródromo de Ezeiza con su propia documentación.

Después, ha habido múltiples rumores sobre su paradero: Túnez y Chile son los destinos en los que podría haber estado, aunque las malas lenguas afirman que podría habérsele visto visitando a su madre, cuyo chalé está en el Puerto de la Torre.

Francisco Javier Lendínez, ex edil, es el otro huido insigne del caso. A finales de 2008 decidió poner tierra de por medio entre él y la Justicia, pasó unos días en Tarifa y ya no se le ha vuelto a ver. Marruecos o Portugal podrían haber sido testigos de sus pasos.

José Manuel Llorca Rodríguez, un oscuro personaje imputado en «Ballena Blanca», «Fórum Filatélico» y «Malaya», es otro de los huidos. En su caso, el agua es más turbia y nada se sabe de él.

En cuanto a los empresarios, la vida sigue igual: Rafael Gómez, «Sandokán», lo ha pasado bastante mal y ha despedido a muchos obreros. Llegó a vender un hospital que construyó en Benalmádena, y la policía cree que en los últimos años se ha decidido a vender, mientras que otro insigne promotor, Tomás Olivo, está acusado de espiar y pegar a una ex novia con la que tiene un hijo de corta edad. Sigue con sus negocios, La Cañada y otros centros comerciales, y es uno de los más beneficiados por el nuevo PGOU de Marbella.

En cualquier caso, las vidas de los 95 acusados no han sido fáciles: unos, como Julián Muñoz, se han dedicado a contar sus miserias en la televisión. A éste no se le conoce trabajo desde principios de año, cuando regentó un chiringuito -aunque, según Interviú, disfruta de un más que aceptable nivel de vida-; mientras que la mayoría ha optado por un perfil bajo de cara a la opinión pública, y se dedica a sortear las dificultades que ya de por sí le representa su encorsetada situación personal.

Problemas personales

Entre ellos ha habido de todo: separaciones, desahucios, despidos; muchos han sido agredidos en sus ciudades de origen, por lo que el anonimato y los continuos cambios de imagen forman ya parte de su modo de actuar. Sólo los huidos han salido vencedores, por ahora, del envite. «Esperamos a que cometan un fallo», reconocen fuentes policiales.

El que peor parte se ha llevado es quien desde el lunes se deberá defender de las acusaciones más graves: Juan Antonio Roca. Es el preso que más ha estado en prisión preventiva por un delito de naturaleza económica, superando con creces a los Mario Conde o Antonio Camacho (Gescartera). Lo lleva bien: da clases a presos, les escribe cartas y por las tardes prepara su defensa. Otro que pasó casi tres años entre rejas -el último en tercer grado- fue Julián Muñoz, aunque su estancia se debió principalmente a delitos urbanísticos.

Seis meses en prisión estuvieron también Isabel García Marcos y Marisol Yagüe: la primera parecía haber estado en su salsa y, de hecho, también ha intervenido continuamente en distintos programas de televisión; la segunda salió de allí mucho más delgada, deprimida, destrozada... Su cara era un poema.

Algunos de los testaferros de Roca, como Montserrat Corulla, abandonaron la cárcel tras hablar de lo lindo ante el juez, mientras que otros, prestigiosos economistas, arrastran graves problemas para encontrar trabajo.

Dos últimos personajes sin cuyo papel «Malaya» no puede entenderse: el juez Miguel Ángel Torres es hoy titular de un juzgado de lo Penal en Granada. Condenó, por cierto, al arzobispo de la capital nazarí por coaccionar a un subordinado. Su amigo Juan Carlos López Caballero, fiscal Anticorrupción, sigue en la trinchera, ya que es el encargado de sostener la acusación en el «caso Malaya».

Gil, Sierra y Román, un trío de ases al frente de Marbella

Jesús Gil llegó a Marbella en 1991 y su estilo de gobierno, ligado al populismo, y su autoritarismo, encandilaron a muchos desengañados con los partidos tradicionales. José Luis Sierra fue fundamental en la estrategia de Gil para afianzarse en el poder, puesto que dotó jurídicamente tanto al Consistorio como al partido (el GIL) de los instrumentos que les eran necesarios en su día a día. Román, la cara amable, atraía inversiones y simpatías. Sin aquellos polvos no pueden entenderse estos lodos.

La ascendencia de Roca sobre el resto, vital para la organización

La personalidad de los imputados tiene mucho que ver con cómo acabaron desarrollándose las cosas en Marbella. En sus declaraciones, los concejales y los empleados de Juan Antonio Roca lo describen como un hombre que sabe ser cercano, pero implacable cuando se le presenta la ocasión o detecta la más mínima deslealtad. Dicen que era habitual ver a los representantes públicos sentados en el pasillo esperando a que el murciano los atendiera. Nada escapaba a su control, y esa meticulosidad fue precisamente su talón de Aquiles. De hecho, todo lo apuntó en unas agendas y en diversos archivos informáticos. Este material acabó en manos de la policía. Ahí empezó su caída.