El Senado retomará el próximo martes el proceso para la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que corresponden a la Cámara Alta sin un acuerdo previo entre el PSOE y el PP, indispensable para que se produzcan los nombramientos.

El presidente del Senado, Javier Rojo, ha convocado la comisión de Nombramientos de la Cámara Alta para el martes a las cuatro de la tarde, con la idea de que de la reunión salga una lista consensuada de entre los 22 candidatos propuestos por las comunidades autónomas.

Sin embargo, tanto el PP como el PSOE señalan que no hay novedades respecto a la posición que mantuvieron en la última reunión de la comisión de Nombramientos, celebrada el pasado 15 de julio, y en la que no acercaron posturas.

De hecho, el PSOE ha denunciado -lo hizo su portavoz en el Congreso, José Antonio Alonso- que el portavoz del PP en el Senado, Pío García Escudero, no responde a las llamadas telefónicas de la socialista Carmela Silva, por lo que los socialistas entienden que la renovación seguirá bloqueada por culpa del PP.

El proceso para renovar el TC, pendiente desde diciembre de 2007, se reanudó en el Senado a raíz de la comparecencia del presidente de la Generalitat, José Montilla, con la que comenzó una ofensiva de los partidos catalanes con la finalidad de desbloquear la sentencia del Estatuto de Cataluña.

Una vez hecho público el fallo sobre el Estatut, los socialistas temen que el PP pretenda mantener la actual composición del TC para asegurarse un voto en contra de la constitucionalidad de la Ley del Aborto.

El PSOE dice que ha puesto "toda la carne en el asador" para intentar acordar con el PP los cuatro nombres de los magistrados, que deben ser respaldados por tres quintos del pleno del Senado.

Por contra, el PP recalca que se debe cumplir el procedimiento establecido para los nombramientos que, gracias a una reforma del Reglamento del Senado promovida por los socialistas, establece que sean las comunidades autónomas las que designen los candidatos.

El escollo continúa siendo el ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial Enrique López, cuya candidatura fue rechazada por los servicios jurídicos de la Cámara Alta por no cumplir con el requisito de 15 años de ejercicio en el cargo.

Descartado López, veinte de los 22 candidatos propuestos por las autonomías comparecieron el pasado 15 de julio ante la Comisión de Nombramientos del Senado, que los consideró idóneos para acceder al cargo.

El PSOE admite que está "en condiciones" de proponer dos nombres y recalca que el PP "si quiere renovar, sólo tiene que designar un magistrado", puesto que la Cámara Alta respaldó a su otro candidato, Francisco José Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo.

Esta posibilidad -que sean los grupos del Senado los que propongan un candidato que no figure entre los señalados por las autonomías- figura en el Reglamento del Senado para el caso de que no haya un acuerdo sobre cuatro nombres de entre los designados por los parlamentos regionales.

Según fuentes socialistas, Carmela Silva y Pío García Escudero hablaron a finales de julio y el portavoz del PP parecía dispuesto a proponer otro candidato, pero no han vuelto a reunirse desde entonces.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió esta semana al PSOE que sea "consecuente con el procedimiento que ha inventado" y recordó que el Reglamento del Senado establece que corresponde a los parlamentos autonómicos proponer los candidatos al TC.

"No hay por qué cambiar este procedimiento cuando al PSOE no le sale como cree que le debe salir", manifestó Sáenz de Santamaría.

El PP aún no ha cerrado la posibilidad de que el propio López recurra al propio TC el rechazo a su candidatura, o de que lo hagan los parlamentos autonómicos que le propusieron, es decir, Madrid, Extremadura, La Rioja, Cantabria, y Castilla y León.

Así las cosas, el próximo martes la Comisión de Nombramientos del Senado, que preside Javier Rojo, volverá a reunirse con un único punto en el orden del día: formular propuesta al pleno de candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional.

Todo indica que terminará sin acuerdo.