Madrid

El comando desarticulado el pasado sábado en el País Vasco esperaba la entrega de una furgoneta con material explosivo y armas «para cumplir los designios a los que hacía referencia ETA en su último comunicado del mes de abril», revela el auto del juez Baltasar Garzón por el que ordenó el ingreso en prisión de Gorka Iriarte Sáez, Asier Ortiz de Guinea, Igor García Ochoa y Sergio Bravo Sáez por la comisión de delitos de integración y colaboración.

ETA indicaba que las elecciones vascas «no se efectuaron en condiciones democráticas» por lo que no otorga «legitimidad democrática ni al Parlamento de Vitoria, ni al "caudillo" Patxi López, ni al nuevo gobierno de Vitoria». «Los responsables políticos de esa estructura impuesta serán objetivos prioritarios de ETA», añadía la banda terrorista.

Según Garzón, el grupo estaba dispuesto para este cometido a la espera de recibir las instrucciones de su jefe, Alexander Uriarte, detenido en Francia junto al jefe militar de la banda, Jurden Martitegi. «No consiguieron su propósito al ser detenidos por la Policía», dice Garzón, que revela que el comando había sido bautizado con el nombre "Aihur". «Entre la documentación intervenida en los domicilios del País Vasco se localizaron planos de la provincia de Gerona y el sur de Francia, con un círculo en el que se señalaban las localidades de L´Escala, Sant Pere Pescador y Empuriabrava y dos post-its haciendo referencia a una reserva en un refugio de montaña de Chamonix (Francia) para tres personas en abril.

Por otra parte, el Gobierno está estudiando la posibilidad de modificar la Ley de Partidos, la Ley Electoral y la Ley de Régimen Local para evitar que los concejales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) permanezcan en los ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Esta decisión contesta a la propuesta que el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, realizó ayer para impedir a los representantes de un partido ilegalizado permanecer como cargos electos.

El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, anunció en la mañana de ayer que iba a proponer al Ejecutivo el cambio de la Ley de Bases de Régimen Local. Esta modificación tiene como objetivo la salida de los concejales de ANV de los consistorios en los que aún tienen representación, ya que se mantienen en el cargo a pesar de la ilegalización del partido.

Por último, Garzón procesó por integración en ETA a la alcaldesa de Mondragón (Guipúzcoa), Inocencia Galparsoro, de Acción Nacionalista Vasca (ANV), que se encuentra en libertad bajo fianza .