Madrid

El fiscal sostuvo ayer que los tres militares acusados de identificar erróneamente 30 de los 62 fallecidos en el accidente del avión Yak-42 falsearon las identificaciones con una «invención» porque había «mucha prisa» en repatriar los cuerpos, decisión que cree que había sido tomada «desde el primer momento».

Así lo consideró el fiscal Fernando Burgos en la exposición de su informe final ante el tribunal de la Audiencia Nacional que desde el pasado 24 de marzo juzga al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y el capitán médico Miguel Sáez. Burgos pide 5 años para el primero y cuatro y medio para los otros dos. Las cuatro acusaciones en esta causa respaldaron las conclusiones del fiscal en sus respectivos informes. Uno de estos letrados, Diego Sarabia, reclamó la deducción del testimonio del general Félix Sanz Roldán y del ex jefe del Estado Mayor del Ejército Luis Alejandre para que se les investigue por falso testimonio y la misma medida respecto del entonces "número tres" de Defensa, Javier Jiménez Ugarte.

Según Sarabia, «el único beneficio que se conseguía con la pronta celebración del funeral de Estado», causa del error en las identificaciones, era «un beneficio político».

Con el objeto de demostrar la existencia de esa «invención» a la que aludía en su informe, el fiscal recordó que la lista elaborada por Navarro era un documento con una redacción «cínica» de las necropsias de los militares fallecidos.

La decisión de falsear estos datos «estaba tomada desde el primer momento», ha sostenido el fiscal, apoyándose en indicios tales como que el equipo español que viajó a Turquía contara con un biólogo y un odontólogo que no utilizaron, que no se tomaran muestras de ADN, que no se elaborara programa alguno de trabajo o que los tres acusados abandonaran el hotel tras pernoctar la primera noche. Por su parte, los familiares pidieron al tribunal que siga investigando hasta conocer «quién dio la orden de repatriar los cuerpos».