Madrid.- La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas al considerar que ha sido «instrumentalizado» política y económicamente por la ilegalizada Batasuna, formación a la que presta una «absoluta y entregada colaboración», según la demanda presentada ayer, compuesta por 200 folios y siete cajas y otros tantos tomos de documentos.

Antonio Narvaez, fiscal de sala y jefe de lo contencioso-administrativo, solicitó al Supremo que prohíba ya al PCTV que presente candidaturas a las elecciones, cierre sus sedes y embargue sus cuentas bancarias. En su escrito, alega como motivo de ilegalización la «relación de dependencia» detectada «entre la acción política del partido demandado y la ilegal Batasuna u otras organizaciones del entorno de ETA, e incluso la propia banda armada», informa Efe.

Esta alegación se sustenta en la puesta a disposición de Batasuna de una de las sedes del PCTV, así como en la instrumentalización de la actividad pública y parlamentaria de los representantes de este partido y su participación «en la campaña de ETA contra las obras del tren de alta velocidad».

La demanda dice que «la facilitación de un espacio físico en el que dar continuidad y cobijo a la actividad obviamente clandestina de un partido ilegal (...) aporta un valor indiscutible» a Batasuna, disuelta en 2003 por el Supremo por su directa vinculación y supeditación a ETA.

«Aún más claro, si cabe, es el sentido de sostenimiento y colaboración en lo que concierne a la propia traslación de las consignas políticas de Batasuna, supliendo una de las carencias más acuciantes del partido clandestino», añade. Según el fiscal, la «evidente subordinación» de la conducta de los representantes del PCTV a las consignas de Batasuna no es una mera coincidencia ideológica, sino la supeditación «a las consignas y las pautas establecidas por una organización ilegal». La demanda hace referencia al «giro del discurso ideológico» del PCTV, que ha dejado en segundo plano sus postulados marxista-leninistas para hacer suyo el discurso de Batasuna «con la específica función de servir de cauce y altavoz a ésta. Incluso en el Parlamento Vasco». «Esa es una actuación que sólo puede entenderse como de absoluta y entregada colaboración», concluye la Fiscalía, que recuerda que la ilegalización de Batasuna buscaba impedir su incorporación al debate público y a las instituciones.

En este sentido, señala que la supeditación de la acción en la Cámara vasca del PCTV a Batasuna «determina una especie de ocupación parasitaria de la acción institucional de un Grupo Parlamentario». La Fiscalía también destaca la intervención del PCTV «en la campaña de rechazo o boicot a las obras del AVE» impulsada por ETA y dice que «la adhesión activa a esa campaña de inequívoco contenido amenazador y violento permite situar la conducta del partido (...) en la esfera del apoyo político, expreso o tácito al terrorismo».

El fiscal alude también a la «unidad de acción» entre el PCTV, ANV y Batasuna en el plano económico y cita un documento intervenido en la sede del partido demandado en Usurbil (Guipúzcoa) que «describe el sistema de caja única y común para la recepción de ingresos y el abono de gastos que debía constituirse entre todo el entramado de la Izquierda Abertzale».

La gestión de los gastos del PCTV y ANV y de la ilegalizada Batasuna estaba centralizada, de modo que en Usurbil «se guardaban en tres cajas fuertes la contabilidad, la relación de ingresos y gastos e incluso las facturas justificativas de dichos gastos» de las tres formaciones.

Según el fiscal, se ha acreditado que con los ingresos del PCTV y de ANV se sufragaban gastos de dirigentes de Batasuna -como viajes al extranjero- y se abonaron los actos públicos y mítines celebrados por éstos. También alude a la contratación por el partido demandado de hasta 49 jefes batasunos, lo que le lleva a concluir que «la razón más importante que tuvieron los responsables del PCTV para contratar a sus "asesores" era la pertenencia de éstos a las formaciones políticas ilegalizadas».

Interior ordena cortar el grifo «para que no reciban ni una peseta»

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha instruido a la Abogacía del Estado para que corte la financiación pública a Acción Nacionalista a ANV y al PCTV, de manera que estos dos partidos «no tengan ni una sola peseta de dinero público». En referencia a la posibilidad de que el entorno de ANV y PCTV logre presentarse a las elecciones bajo otras siglas, Rubalcaba espera que Batasuna busque estratagemas jurídicas porque no podrá ser en forma de partido, porque «ya no hay plazos». Mientras, ante estas ilegalizaciones, el PNV, EA, EB y Aralar han presentado una Proposición de Ley de modificación puntual del Reglamento de la Cámara vasca, para su debate y aprobación en Pleno por el procedimiento de Urgencia, en la que reclaman que la disolución, por cualquier causa, de un grupo parlamentario, deba ser acordada por el Pleno de la Cámara vasca por mayoría absoluta de sus miembros. Por otra parte, el Gobierno vasco interpondrá una querella criminal contra Juan Pablo González, uno de los vocales del Poder Judicial por acusar al tripartito de «connivencia» con la banda terrorista ETA.