Madrid.- La Audiencia de Madrid confirmó ayer el archivo del caso de las sedaciones en el servicio de urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés, práctica a la que en algunos círculos se llegó a atribuir hasta «400 asesinatos por eutanasia activa». Esta sentencia ordena retirar además del auto judicial anterior «toda referencia» a la existencia de una «mala práctica médica» por parte del equipo del doctor Luis Montes, cesado por la Consejería de Sanidad a raíz del caso por pérdida de confianza.

El Juzgado número 7 de Leganés dictó, el pasado junio, auto de sobreseimiento del caso en una resolución que consideraba que se produjo mala praxis médica en la administración de sedantes a pacientes terminales ingresados en Urgencias del Hospital Severo Ochoa, pero que no se podía acreditar la conexión entre ésta y las muertes que se produjeron, algo que es imprescindible para apreciar la existencia de delito.

«Es un fallo firme contra el que no cabe recurso» , aseguró el doctor Luis Montes, ex jefe de Urgencias, quien anunció que ahora empieza «el tiempo de la reparación» y exigió que, «al igual que se hizo una campaña de acoso pagada por la Consejería de Sanidad», haya otra dirigida a «rehabilitar» el buen nombre de los facultativos perjudicados por este caso y también del hospital. Montes afirmó que habrá «denuncias y querellas individuales y colectivas» por las acusaciones de mala práctica médica que pesaron sobre él y otros médicos .

Montes dijo que la presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, debe «pedir perdón a los usuarios». El ex jefe de Urgencias del Severo Ochoa, que celebró la decisión brindando con champán junto a medio centenar de profesionales del hospital, declaró no quiere olvidar los duros momentos vividos: «Por mi parte, el perdón no va a existir» , remachó.

También el ministro de Sanidad exigió al gobierno de Aguirre que «pida perdón públicamente» por su «acusación sin base» . El consejero de Sanidad de Madrid, Juan José Güemes, declinó disculparse y añadió el cese de Montes se debió a la pérdida de confianza en él. Esperanza Aguirre, afirmó que «se hará lo que corresponda y lo que se tenga que hacer» con los médicos que fueron destituidos».

PSOE e IU quieren que el Gobierno regional rinda cuentas por este «atropello injustificado» y que se restituya en sus funciones originales al personal médico afectado. La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública reclamó la dimisión del ex consejero de Sanidad, Manuel Lamela como instigador del caso. En cambio la asociación del Defensor del Paciente ignora la decisión judicial e insiste en que sí hubo mala praxis porque los afectados no dieron su consentimiento.