Madrid.- La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó ayer la reapertura de la investigación relativa a la contratación del Yakovlev-42, siniestrado en Turquía en 2003 con 62 militares españoles a bordo. Se estima así el recurso de los familiares contra el archivo de la causa que estipuló el juez Fernando Grande-Marlaska, al que la Sala de lo Penal acusa de precipitación «con las nefastas consecuencias para la causa».

La decisión de la Sala Penal , que preside Javier Gómez Bermúdez, supone un varapalo para Marlaska, que en junio ordenó el archivo de la causa, alegando que ningún funcionario de Defensa tenía la obligación de verificar si el avión se encontraba en perfecto estado y que «ninguna anomalía ha quedado acreditada». Añadía que tampoco le correspondía al Gobierno de Aznar comprobar si la tripulación disponía de licencias, si recibían cursos de formación «y menos que se cumplieran las necesarias horas de descanso».

La Audiencia estima que deben aceptarse los recursos de los familiares y, por tanto, «instruir las oportunas diligencias penales para depurar las eventuales responsabilidades en que pudieran haber incurrido determinados funcionarios españoles que, como garantes, debieron llevar a cabo labores de inspección y control del vuelo del Yak-42». Según el auto, si no se reabre la investigación «se produciría una evidente indefensión para las familias de los militares fallecidos».

La Sala de lo Penal afirma que el archivo de la investigación «carece de motivo válido y viene a transgredir el principio de tutela judicial efectiva», al tiempo que considera que el juez «se precipitó, con las nefastas consecuencias que hubiera tenido para la causa de no haberse interpuesto los preceptivos recursos».

«Las familias merecen un acto de justicia con investigación total que pueda esclarecer las eventuales responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido las participantes en dicho evento», añade la Sala de lo Penal, que ordena al juez reabrir la investigación tal como pidió la fiscalía porque la decisión Marlaska fue «contradictoria», «procesalmente errónea» y «no respetaba el derecho a la tutela judicial efectiva».

Para las familias esta decisión de la Audiencia obliga a que se practiquen todas las pruebas que solicitaron en su día, entre ellas que declaren los ex ministro Federico Trillo y José Bono, así como el secretario general de Política de Defensa, Javier Jiménez-Ugarte, el ex jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME) general de Ejército Luis Alejandre y el entonces jefe del Mando Aéreo de Levante (MALEV) general Carlos Gómez Arruche. Requieren también las explicaciones del jefe de Estado Mayor Conjunto, el general Ibarreta, quien firmó el acuerdo de ventas con la agencia NAMSA y el teniente coronel del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra, que elaboró un informe en el que se mostraba muy crítico con los transportes con aviones de las repúblicas ex soviéticas por ser de alto riesgo.

El PP descalificó la reapertura de la causa y achacó la decisión de la Audiencia a «una manipulación obscena» del Gobierno, después de que dos jueces diferentes hayan dictaminado su archivo. «Es repugnante cuando estamos a 50 días de las elecciones», añadió.