Madrid.- La Guardia Civil ha encontrado pruebas que deberían permitir avanzar hacia una ilegalización de ANV y del PCTV, las dos pantallas electorales activas de Batasuna. Las pruebas, informó Efe, se encuentran recogidas en un informe enviado a las fiscalías de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, y se refieren a vinculaciones económicas entre las tres formaciones.

Los informes incluyen un listado de cuentas bancarias de políticos abertzales y dirigentes de la ilegalizada Batasuna, como Joseba Permach o Marije Fullaondo, que podrían haber sido financiados por ANV y el PCTV. Según fuentes de la investigación, éste no es, sin embargo, el informe definitivo que espera el juez Baltasar Garzón para decidir la suspensión de actividades.

Las fuerzas de seguridad han elaborado el informe a partir de la documentación intervenida en la operación policial que llevó a la detención de los miembros de la cúpula de Batasuna el pasado mes de octubre. Además, el pasado 21 de diciembre fue encarcelada la miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Marije Fullaondo por orden de Garzón, quien señaló en el auto de prisión que ésta estaba a sueldo del PCTV y tenía un contrato indefinido a tiempo completo con este partido. En el auto de prisión el magistrado afirmaba también que los responsables de ANV «rinden cuentas» a la miembro de la Mesa Nacional de Batasuna.

El nombre de Fullaondo o el del también miembro de la Mesa Nacional de Batasuna Joseba Permach son algunos de los que aparecen en el listado de la Guardia Civil, lo que podría considerarse una prueba importante para demostrar la conexión entre la formación ilegalizada y ANV o el PCTV.

En el supuesto de que ahora la Fiscalía solicitara la suspensión de actividades de ANV, se trataría sólo de una medida cautelar que podría servir para impedir la presencia de esta formación en las próximas elecciones generales, pero no tendría la fuerza de una sentencia firme de ilegalización. Mientras, la Diputación Permanente del Congreso rechazó ayer la petición del PP, sólo apoyada por este grupo, para que se convoque un pleno extraordinario antes de la disolución de las Cortes en el que la Cámara inste al Gobierno a ilegalizar a ANV y al PCTV por vulnerar la Ley de Partidos.

Al defender la iniciativa, ya rechazada por el Congreso en cuatro ocasiones, el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, afirmó que la de ayer era «la última oportunidad» para que los dos principales partidos enviaran a los terroristas un mensaje claro: «Que vamos juntos a por ellos con todos los instrumentos del Estado de Derecho». El resto de los grupos volvió a reiterar los argumentos ya expuestos en debates anteriores, a saber, que la Ley de Partidos no es el instrumento adecuado para ilegalizar a ninguna fuerza política.

Por su parte, la vicepresidenta Fernández de la Vega aseguró que no hay ninguna novedad en relación con los informes sobre las actividades de ANV y recalcó que el Ejecutivo sigue trabajando en ese asunto.