Madrid.- El Gobierno y la Fiscalía ultiman estos días las acciones para instar la ilegalización y la suspensión de actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y del EHAK-PCTV, que previsiblemente se pondrán en marcha este mismo mes. A falta del informe en el que las Fuerzas de Seguridad del Estado recopilarán los indicios existentes sobre la vinculación de estos partidos con Batasuna y los incumplimientos de la Ley de Partidos en los que han incurrido, fuentes jurídicas y del Ejecutivo consultadas por Efe han subrayado que las demandas pondrán el acento en las «finanzas» de ANV y su «subordinación» a la formación ilegalizada.

Es por ello que una de las líneas preferentes de investigación de la Policía y la Guardia Civil ha sido la de «seguir la pista» a los ingresos que ANV y el EHAK-PCTV reciben en virtud de su presencia en las instituciones. Algunos de los destinos de ese dinero son conocidos: el PCTV paga un sueldo a destacados dirigentes de Batasuna, como Marije Fullaondo, detenida a finales del pasado mes de diciembre y encarcelada por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.