Madrid.- La puesta en marcha del proceso para la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca es inminente después de que las investigaciones de la Fiscalía y de las fuerzas de seguridad han «acreditado una conexión estratégica, logística y política con Batasuna», según declaró ayer a Radio Nacional el portavoz socialista en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui.

El Gobierno sólo está pendiente de un último informe policial que estará listo en cuestión de días. Así las cosas, el Tribunal Supremo podría resolver sobre la ilegalización de ANV antes de las elecciones generales de marzo. Paralelamente, este grupo está pendiente de una investigación del juez Baltasar Garzón

«Hemos comprobado que efectivamente su comportamiento responde a una conexión con la gente de Batasuna, por tanto, se está acreditando que eran recipiendarios, es decir, que han colocado sus siglas al servicio de lo que hemos querido ilegalizar desde hace años en España, que es el brazo político de ETA, que es Batasuna. En esa perspectiva, una vez acreditadas esas constataciones, cabe y procede ahora legalmente que el abogado del Estado o el fiscal general puedan solicitar a los tribunales la ilegalización de las siglas», dijo Jáuregui. El secretario general del PP vasco, Carmelo Barrio, acusó al Gobierno de «seguir dando margen y tiempo» a ANV y al Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), al no haber procedido a su ilegalización. El dirigente popular respondía así a la afirmacíón del ministro Rubalcaba de que «es obligación del Gobierno impedir que haya quien defienda sus ideas políticas amparándose en la violencia».