Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) decidió ayer acumular las condenas del etarra Henri Parot en una sola pena de 30 años, que deberá cumplir íntegramente -por lo que no saldrá de prisión hasta 2020-, ya que el Alto Tribunal acordó que las redenciones se le apliquen sobre condenas individuales y no sobre la pena acumulada.

Así lo estableció el pleno de la Sala de lo Penal del TS que, por mayoría de 12 a 3, estimó el recurso de Parot contra la pretensión de la Audiencia Nacional de acumular las 26 penas de prisión que le fueron impuestas por delitos cometidos entre 1978 y 1990 (y que suman más de 4.000 años de cárcel), en dos penas consecutivas de 30 años para impedir su salida en 2011 tras beneficiarse de redenciones. La sentencia afectará a otros relevantes etarras (ver información en esta página).

Según fuentes jurídicas, los magistrados discrepantes son José Antonio Martín Pallín, Joaquín Giménez y Perfecto Andrés Ibáñez, quienes emitirán próximamente un voto particular.

La decisión del Alto Tribunal fue acogida con «respeto» por el ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, quien señaló que se trata de «una resolución en aplicación estricta de su legalidad penal», y con «alegría y satisfacción» por el secretario general del PP, Angel Acebes, quien dijo que la sentencia supone el cumplimiento del Pacto Antiterrorista.

El secretario general del Grupo parlamentario Socialista, Diego López Garrido, expresó su confianza en que el PP no acuse ahora al Tribunal Supremo de negociar con ETA. López Garrido consideró que, gracias a la resolución del Alto Tribunal, ha quedado demostrado que las críticas del PP al Gobierno y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, «eran infundadas y sólo estaban inspiradas por la política y el interés partidista».

También las principales asociaciones de jueces acogieron de buen grado la resolución del Supremo, que para el portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Antonio García Martínez, supone «un buen motivo para confiar más que nunca en los jueces y en el regular funcionamiento de los tribunales». El portavoz de Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez, expresó su respeto a la decisión del Supremo, «porque como siempre actúa con criterios jurídicos y no de otra clase».

Más crítico se mostró el portavoz de la Unión Progresista de Fiscales, Eduardo Esteban, para quien la decisión del Alto Tribunal es «una ruptura de una doctrina tradicional». Esteban deseó que el hecho de que la opinión pública exija mayores penas para los terroristas no haya influido en el fallo, porque sería «alarmante».

Por su parte, el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, estimó que la decisión del Supremo «infringe el principio de irretroactividad» y es «contraria al principio de reinserción».

Henri, retrato de un asesino

J. Casado (Oviedo)

Henri Parot, "Unai" (Argelia, 1958), miembro del comando itinerante de ETA, es un francés hijo de un matrimonio de la región vasco-francesa de Zuberoa. Terminada la guerra argelina, su familia regresó a Bayona cuando Henri tenía 18 años. Aprendió euskera en una asociación de inspiración democristiana.

Con 20 años conoció a Domingo Iturbe Abásolo, "Txomin", entonces responsable de los comandos de ETA y luego líder de la banda, quien le propuso formar un comando itinerante cuyas acciones se ejecutarían, principalmente, en Madrid, dependería directamente de la cúpula de la banda y no sería conocido por el resto de los militantes.

El itinerante "comando Argala" actuó impunemente durante doce años bajo las órdenes de Josu Ternera y de "Artapalo", colectivo integrado por Francisco Mujika, "Pakito"; Txelis Álvarez Santacristina y José María Arregi Erostarbe, "Fitti". Formado por franceses -nacionalidad que les libraba de sospecha-, fue el arma más efectiva y sangrienta de ETA: 22 atentados con 38 asesinatos y más de 200 heridos.

Parot debutó como pistolero en Irún asesinando al constructor José Legasa, que había provocado la detención de un etarra al denunciar ante la Policía francesa los intentos de extorsión que estaba sufriendo. Fue el único crimen que cometió en el País Vasco. Su golpe más sangriento fue el 11 de diciembre de 1987: hizo estallar 250 kilos de amonal, metido en botellas de nitrógeno, que había dejado dentro de un coche aparcado ante la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza. Hubo 11 muertos, 5 de ellos niños, y 36 heridos al derrumbarse el edificio. La Audiencia Nacional le condenó por este atentado a penas que sumaban 1.802 años de cárcel.

Engrosaron su currículum de muertes el asesinato del magistrado Mateu Cánovas, en Madrid en noviembre de 1978; el atentado contra el teniente general Joaquín Valenzuela, en Madrid, en el que murieron sus tres acompañantes, en 1981, y dos atentados contra la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, en 1987 y 1988, en los que murieron una y dos personas, respectivamente.

Parot fue detenido en Sevilla el 2 de abril de 1990, Lunes de Pasión, en un control de la Guardia Civil rutinario y casual. Rutinario, para practicar los que habrían de llegar con la Exposición Universal de 1992. Y casual: iba a colocar el control en las inmediaciones de Las Pajanosas, pero había obras y al final se trasladó a la Ruta de la Plata, entre Sevilla y Santiponce.

Poco después del mediodía, el Renault 14 rojo matrícula de Madrid que conducía Parot, de 32 años, fue obligado a reducir la marcha. Hasta entonces se había saltado los controles montados tras cada uno de sus atentados haciéndose pasar por un turista francés. Pero los 300 kilos de explosivo que transportaba no cabían en el maletero del R-14 y llevaba paquetes de explosivo repartidos por el coche. Aceleró, los guardias accionaron la trampa de pinchos y reventaron las ruedas del coche. Parot sólo pudo avanzar unos metros. Disparó quince veces e hirió a dos guardias civiles, pero fue detenido.

Los interrogatorios a Henri Parot y a sus tres cómplices -Frederic Haramboure, Jacques Esnal y Joseph Ochoantesana, detenidos dos días más tarde camino de Francia- permitieron conocer que pretendía atentar contra la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, situada junto con un bloque de viviendas y un colegio.

Parot fue llevado a la prisión madrileña de Carabanchel y luego trasladado al penal de Herrera de la Mancha. El 8 de junio de 1990 ingresó en la prisión de Alcalá-Meco, en Madrid, para facilitar su interrogatorio por el juez de instrucción de la Audiencia Nacional.

Parot fue condenado a más de cuatro mil años de prisión. Desde la cárcel escribió a sus jefes etarras: «Estoy convencido de que si hacéis eso se sentarían a negociar (en el 88 se sentaron después de que volamos el cuartel de Zaragoza). Es la única vía: o les hacéis daños vitales, en la cabeza/corazón, o no hay nada que hacer». Está casado con Belén Arizabaleta, detenida en varias ocasiones por su supuesta relación con ETA, y tiene dos hijos.