Zapatero se fija la seguridad como objetivo frente a quienes buscan polémica

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, llamó ayer a la responsabilidad para no usar el terrorismo en la confrontación política y lamentó que mientras que su objetivo es garantizar la seguridad, «otros», en alusión al PP, pueden estar más interesados por la polémica política.

Irregularidades en privatizaciones del Gobierno del PP

El Tribunal de Cuentas considera que se han producido actuaciones «no acordes con los procedimientos establecidos» en algunos de los procesos de privatización de empresas acometidos por los gobiernos del PP de 1996 a 2002, según consta en el Informe de fiscalización global de las operaciones de privatización de empresas estatales realizadas en el mencionado periodo. Así, el Tribunal considera que el precio obtenido en las privatizaciones de Red Eléctrica de España (REE), Aceralia, Iberia, Almagrera y Productos Tubulares fue «sensiblemente inferior» a la valoración media establecida con arreglo a los informes de valoración externa.

Josep Piqué telefonea a Acebes y a Zaplana para pedirles excusas

El presidente del PP catalán, Josep Piqué, telefoneó a su secretario general, Angel Acebes, y al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana, para pedirles excusas personalmente y zanjar definitivamente la polémica creada por vincularles con el «pasado».

Touriño, optimista sobre la negociación con BNG

El candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, negó una demora en la negociación que su partido mantiene con el Bloque para negociar un Gobierno bipartito, al entender que transcurre en el plazo previsto.

Los profesores de Religión costarán al Estado 300 millones

El Estado pagará unos 306 millones de euros en ejecución de sentencias favorables a los profesores de Religión católica por su situación de indefinición jurídica y económica, según datos de un informe del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC). En concreto, el documento del Departamento que dirige María Jesús San Segundo revela que por sentencias judiciales relacionadas con este colectivo que condenan a la Administración ya se han pagado más de 110 millones de euros desde 1998, cifra que se multiplicará por tres en breve.