Ya hace casi un mes que nuestros alumnos han regresado a las aulas en la mayoría de las comunidades autónomas. ANPE, desde el inicio de la pandemia, ha apostado por una educación presencial en todas las etapas y por centros educativos seguros. Por tanto, no se debe producir ninguna relajación respecto a las medidas higiénico-sanitarias, ni siquiera pasar de la distancia de seguridad de 1,5 metros a 1,2. La pandemia sigue presente y aunque la vacunación del profesorado y del alumnado mayor de 12 años es un elemento que refuerza la seguridad en las aulas, también es cierto que la variable delta ha tenido un alto poder de contagio y en cualquier momento puede volver a subir la incidencia de casos. Además, recordamos que no existe un protocolo de vacunación para los menores de 12 años que afectaría a todo el alumnado de los centros de Infantil y Primaria, lo que supone ser un colectivo más vulnerable ante los síntomas del COVID-19.

Para ANPE en este inicio de curso es primordial recuperar la presencialidad en todas las etapas y combatir los déficits de aprendizaje que han ocasionado la pandemia desde el confinamiento inicial, pasando por los cursos que tuvieron enseñanza semipresencial, los alumnos que fueron contagiados con el COVID-19 o los alumnos que han tenido que estar en cuarentena en varias ocasiones en el curso anterior. La bajada de ratios, los apoyos y desdobles de grupos son fundamentales para hacer frente a los déficits de aprendizaje acumulados desde el inicio de la pandemia y garantizar una enseñanza más individualizada.

Para no distender las medidas higiénico-sanitarias, recobrar la presencialidad en todas las etapas y atender los déficits de aprendizaje, es imprescindible mantener al profesorado que fue contratado como refuerzo para hacer frente a los efectos que ocasionó la pandemia el curso anterior. Solo seis comunidades —Cataluña, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana— mantendrán este curso los refuerzos del profesorado. El resto de las comunidades aplicarán recortes en las plantillas del curso anterior. Esta desigualdad en la contratación de profesorado afectará en la igualdad de oportunidades del alumnado.

Otro tema fundamental que le preocupa a ANPE es el desarrollo normativo de la Lomloe y de la situación del profesorado. La propia ley recoge dos disposiciones sobre las que urge su desarrollo.

Ramón Domínguez, de ANPE. L.O. Z.

Desde ANPE se propone una ley de la profesión docente donde se recoja y regulen, entre otros aspectos, los requisitos de formación inicial y habilitación para todo el profesorado de las enseñanzas no universitarias, la identidad de la profesión docente, los derechos y deberes del profesorado o el desarrollo de la libertad de cátedra. En definitiva, una normativa marco que regule la docencia no universitaria en todo el Estado.

Y en el ámbito estricto de la enseñanza pública no universitaria debería aprobarse un estatuto de la función pública docente, en el que se regule el ingreso y acceso a la función pública docente y a sus distintos cuerpos docentes con una clara definición y reestructuración y la inclusión de todos en el grupo A1. Además del establecimiento de una carrera profesional docente desde el ingreso hasta la jubilación.

ANPE cree que no se puede abordar ninguna reforma educativa sin la implicación del profesorado y como ejemplo tenemos los borradores de los currículos de Primaria que hemos conocido por los medios de comunicación. ANPE exige que los próximos documentos o proyectos normativos puedan ser discutidos y negociados con los legítimos representantes del profesorado.

ANPE considera insuficiente la subida salarial del 2% anunciada por el Gobierno. El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha propuesto esta subida salarial para el próximo año. Para ANPE, esta subida planteada por el Gobierno para ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado es insuficiente, más aún cuando el IPC está situado actualmente en un 4 %. Esto va a suponer una nueva pérdida de poder adquisitivo para el profesorado que, unida a la acumulada tras la bajada salarial del año 2010, supone una merma de más de un 20%.

ANPE pide al Gobierno que rectifique y que presupueste una subida salarial acorde al IPC, estableciendo mecanismos correctores para buscar esa recuperación del poder adquisitivo perdido, con el objetivo de llegar a una verdadera equiparación salarial del profesorado en todo el Estado. Hay que recordar que el fuerte recorte salarial sufrido por los empleados públicos en 2010 fue mucho mayor en los grupos funcionariales en los que se encuadra al profesorado, siendo en aquel momento el recorte salarial en la mayoría de los cuerpos docentes del 7%, mientras que para otros colectivos de empleados públicos fue inferior al 1%. Dicho recorte repercutió, y aún perdura, fundamentalmente en las pagas extraordinarias las cuales, justo antes de ese recorte, llegaron a ser dobles por primera vez para el profesorado y desde ese momento se vieron mermadas en torno a un 30%.

Por otro lado, en los últimos años la brecha salarial ha ido aumentando progresivamente, llegando a ser, en algunos casos, más de 6.000 euros anuales por realizar las mismas funciones y habiendo accedido con los mismos requisitos y condiciones, simplemente dependiendo de la comunidad autónoma en la que se esté trabajando.

Desde ANPE seguiremos apostando por esa equiparación salarial, luchando y reivindicando en todos los foros de negociación, con el aval del respaldo mayoritario recibido en las últimas elecciones sindicales por parte del profesorado, no solamente por esa equiparación sino también por recuperar más del 20% del poder adquisitivo perdido y que volvamos a tener y consolidar unas pagas extraordinarias que realmente sean dobles. Una vez recuperado lo perdido, y para evitar más pérdidas del poder adquisitivo, es imprescindible que se establezca una cláusula de revisión salarial anual en función del IPC.