El conflicto sectario y la guerra civil, el peor de los fantasmas que acechaban sobre la posguerra iraquí, se están haciendo realidad con las matanzas de ayer y el miércoles. Durante los tres años transcurridos desde la caída de Sadam Husein, los chiitas han sufrido cíclicamente sangrientos atentados en sus mezquitas, en sus mercados y en sus fiestas, pero ninguno ha levantado tanta indignación como el bombazo del miércoles contra el mausoleo del imán Ali Al-Hadi en Samarra.

Bastó que el gran ayatolá Ali al Sistani, el hombre con una autoridad casi divina sobre dos de cada tres iraquíes (los chiitas), pidiera manifestaciones en protesta por el atentado, para que miles de personas salieran a las calles y se desencadenara la oleada de represalias.

Sistani suele medir sus apariciones y rara vez hace declaraciones, pero su convocatoria a los chiitas a que expresaran su indignación fue entendida como una incitación a las represalias, pese a que dijo claramente que no debían atacarse los templos sunitas.

Nunca los sunitas habían sido el blanco específico de una violencia practicada hasta ahora de forma casi sistemática contra los chiitas por grupos extremistas como el de Al Zarqaui -supuesto jefe de Al Qaeda en Irak-, que consideran a los chiitas como «herejes» del islam.

Es más, entre los grupos sunitas había cierta comprensión, cuando no connivencia, hacia las actividades de los grupos resistentes y, de hecho, los únicos interlocutores conocidos para llegar hasta los secuestradores que operan en Irak son los hombres de la Comisión de Ulemas sunitas.

Mientras, los chiitas se han ido haciendo con las riendas de las instituciones y han ido aguantando los atentados de los extremistas suníes. Y en los últimos meses ha empezado a estallar el hartazgo chiita. Cada vez con más frecuencia se repetían las denuncias contra comandos clandestinos de la Policía iraquí -prácticamente copada por los chiitas- que se dedicaban a secuestrar a conocidos sunitas.