Washington.-Un juez federal ordenó el jueves al Gobierno del presidente George W. Bush que entregue los documentos de su programa secreto de escucha de conversaciones telefónicas o informar de qué es lo que oculta. La decisión ha sido vista como un revés para la presidencia, que buscaba mantener el programa en secreto.

Al mismo tiempo, el presidente republicano de la Comisión de Inteligencia del Senado indicó que había negociado un acuerdo con la Casa Blanca para adoptar medidas legislativas y ofrecer más información al Congreso sobre este programa.

El demócrata de más alto nivel en la Comisión, que exigió una investigación completa al respecto, de inmediato presentó su oposición al calificar esta negociación como una abdicación de las responsabilidades de la Comisión.

El juez federal Henry Kennedy decidió que un grupo privado, el Centro de Información de Privacidad Electrónica, sufrirá daños irreparables si los documentos que ha solicitado desde diciembre no son procesados rápidamente bajo la ley de Libertad de Información, y por ello le dio al Departamento de Justicia veinte días para que responda a la petición del grupo.

La portavoz del Departamento de Justicia, Tasia Scolinos, indicó que el Departamento ha sido «sumamente cooperativo» con la información «y seguirá cumpliendo con sus obligaciones bajo la ley de Libertad de Información».

Por otra parte, Amnistía Internacional (AI) advirtió de que Guantánamo se trata «sólo de la punta del iceberg» y que EE UU cuenta con otras instalaciones similares en Afganistán, Irak y otros países. AI pidió ya el jueves a los gobiernos del mundo que exijan el cierre de Guantánamo tras el informe de cinco relatores especiales de la ONU en el que se pedía la clausura de ese centro de detención en la base naval estadounidense en Cuba.

La petición de los expertos de la ONU, apoyada por AI y por el Parlamento europeo, fue rechazada por la Casa Blanca, que calificó el informe de los relatores de «refrito» y argumentó que en la base cubana están retenidos «peligrosos terroristas».

Uno de los relatores, el argentino Alejandro Despouy, afirmó que el informe está «perfectamente documentado» y cuenta con un gran sustento «fáctico y jurídico». El secretario general de la ONU, Kofi Annan, aclaró que el informe «no es de la ONU», ya que los expertos que lo elaboraron son independientes, y agregó que «no necesariamente está de acuerdo con todo lo que contiene el documento». Pero apostilló: «Tarde o temprano existirá la necesidad de cerrar Guantánamo y es el Gobierno de EE UU quien lo ha de decidir. Espero que lo haga lo antes posible».

Un ministro del Gobierno británico de Tony Blair, el titular para Irlanda del Norte, Peter Hain, se sumó por primera vez a quienes piden el cierre de Guantánamo, donde EE UU mantiene recluidos a unos quinientos prisioneros, algunos desde hace cuatro años, sin imputarles cargos. El Gobierno italiano se sumó a la petición de clausura.

EE UU continuó ayer su defensa de Guantánamo en particular y de su política antiterrorista en general. Bush llamó a no «descorazonarnos si sufrimos reveses» porque la victoria estará de su lado. Y su secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, admitió abiertamente que EE UU está perdiendo «la guerra de la propaganda» frente a la red terrorista Al Qaeda.

Rumsfeld indicó que EE UU debe modernizar el modo en que divulga información para hacer frente a la propaganda de los grupos radicales en los países musulmanes, que a su juicio han sabido aprovechar mucho mejor las nuevas tecnologías para dibujar una imagen negativa estadounidense.