Los partidos dan pasos hacia la elección directa en las diputaciones para el 2027

Las mociones aprobadas en algunas corporaciones y, sobre todo, la postura fijada por la FEMP abren una vía hacia el cambio en la norma

Pleno de la Diputación de Zamora, en su última sesión ordinaria. |

Pleno de la Diputación de Zamora, en su última sesión ordinaria. | / Emilio Fraile

Las elecciones municipales de mayo están casi encima y los partidos trabajan para perfilar los detalles de las listas con un ojo en las alcaldías y con el otro en las diputaciones. La composición de las corporaciones provinciales depende directamente de los resultados que se den a nivel local, por lo que muchos de los esfuerzos que hacen las organizaciones por tener presencia en cada rincón de las comarcas, a veces incluso con paracaidistas, tiene que ver con la importancia de rascar cada voto para aterrizar en La Encarnación.

¿Cómo se eligen los diputados?

En versión resumida, la elección de los 25 representantes de la Diputación de Zamora se organiza del siguiente modo: los cinco partidos judiciales del territorio funcionan como circunscripciones electorales y reparten los asientos en función de su población total. El de Zamora otorga quince; el de Benavente, cinco; el de Sanabria y el de Toro, dos cada uno; y el de Villalpando, el restante. Para hacer la distribución, se toman los votos obtenidos por cada partido en los ayuntamientos de las distintas zonas, se aplica la Ley d’Hont y se hace la asignación. Luego, los propios concejales electos de cada organización eligen entre ellos a quién entregar las actas.

Es decir, desde que la persona vota para elegir al alcalde de su pueblo hasta que se escoge el Gobierno de la Diputación media un proceso de "cocinado" que aleja a estas instituciones de la decisión democrática de la gente, una circunstancia que ha llevado a determinados partidos y a algunas asociaciones a elevar la voz para reclamar un cambio en la norma que conduzca a una elección directa.

Esa modificación, si finalmente llega, no se aplicaría en ningún caso en 2023, pero sí que podría alcanzar a las diputaciones en 2027 si se avanza en la línea de lo que plantean, por ejemplo, algunos de los responsables de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). El presidente de la comisión que aglutina a los dirigentes de estas instituciones, el jienense Francisco Reyes, abogó recientemente por "darle una vuelta a la ley electoral" para plantear una participación más real de la ciudadanía en el sistema.

Una segunda vuelta

En una entrevista publicada en la propia web de la FEMP, el político del PSOE mencionó alternativas como "una segunda vuelta en las elecciones municipales o ver la posibilidad de que el Presidente de la Diputación sea elegido de manera directa". "Pienso que eso aportaría más transparencia, más participación de la ciudadanía; y a mí me parece bien avanzar en todo ese proceso", advirtió el responsable andaluz de la FEMP.

El representante zamorano en la comisión, el popular José María Barrios, también remitió hace pocos días un comunicado que iba en sintonía con las palabras de Reyes y con la posición que había fijado en 2021 el presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo. La propia FEMP debatirá sobre ello ya en septiembre, cuando haya concluido el proceso electoral local y, mientras tanto, corporaciones provinciales como la de Orense han aprobado mociones por unanimidad para proponer ese cambio en la norma.

La realidad es que las voces que reclaman un movimiento en esa línea aumentan y se diversifican desde el punto de vista ideológico. La demanda se va convirtiendo en algo transversal, aunque siguen apareciendo algunos obstáculos en el camino. Quizá, el revés más destacado que han recibido los partidarios de este cambio en los últimos tiempos ha sido el veto del Gobierno a una propuesta parlamentaria de Ciudadanos sobre el asunto. El Ejecutivo entendió que ahora no toca y apuntó otra cuestión relevante: el incremento del gasto. La presencia de una urna propia para las diputaciones y la creación de asignaciones concretas derivaría en un gasto extra de 14,4 millones de euros, según los cálculos gubernamentales.

Suscríbete para seguir leyendo