La vivienda propiedad del padre de Maite Martín Pozo que entró al programa de realojo del Ayuntamiento de Zamora en el año 2003 no fue visitada por "ningún trabajador social", empleados encargados de comprobar que los pisos que entraban al programa cumplían las condiciones de habitabilidad. Al menos no antes de la compra de la misma por parte de una mujer que, posteriormente, denunció el "lamentable" estado del inmueble. Así lo aseguran los escritos firmados por Cáritas de Zamora -entidad que vigilaba el proyecto de realojo y que, según IU, no fue tenida en cuenta en este caso- y por los trabajadores de los CEAS.

El caso viene del año 2003. Antonio Vázquez inició un programa de realojo para familias con problemas económicos mediante el cual el Ayuntamiento compraba viviendas de segunda mano y se las transfería a estas personas, ordenadas en una lista. El intermediario era Cáritas. Era Martín Pozo quien, como abogada, se encargaba de buscar las viviendas a través de inmobiliarias o prensa para que los trabajadores sociales las visitaran después, con el interesado y un representante de la propia inmobiliaria. En esta ocasión, asevera IU, no se acudió a ninguna inmobiliaria y no se tuvo en cuenta la labor de vigilancia de los técnicos municipales.

El escrito remitido por Cáritas ahonda en el caso. Según la educadora responsable del proyecto la mujer que recibió el piso recibió "presiones" y se le trasladó la "no existencia de ninguna otra posibilidad bajo amenazas de perder la posibilidad de tener otra vivienda". La trabajadora de Cáritas trasladó estos hechos a Martín Pozo "y fueron negados siempre". El mismo día "de la firma de las escrituras" Martín Pozo "llamó a la educadora" de Cáritas "con insistencia para una vez recibiera" la interesada "las llaves del piso nos acercáramos a revisarlo con ella". En la misma notaría se comprueba que el piso era efectivamente propiedad del padre de la, actualmente, diputada popular por Zamora.

Tras la firma de escrituras, siempre según Cáritas, "nos acercamos al piso y no pudimos comprobar que los servicios mínimos de agua y luz estuvieran en uso porque estaban dados de baja". Lo que "sí pudimos ver es que los cables de la luz estaban en mal estado, de lo cual informamos a la abogada no dándole ella demasiada importancia".

La cuestión llegó incluso a la Policía Municipal puesto que "la mujer del adjudicatario, desde el momento en que vio el piso por primera vez, solicitó a los vecinos que hicieran todo lo posible por impedir que el inmueble fuese comprado por el Ayuntamiento al padre de la abogada María Teresa Martín Pozo, funcionaria de este Ayuntamiento, dado el estado inhabitable en que se encuentra". Este escrito es del 10 de febrero de 2003.

Una semana más tarde, el 17, y ante la petición de Cáritas, autoriza la rescisión del contrato y la devolución a Cáritas del precio íntegro pagado por la vivienda "siendo todos los gastos de la citada rescisión" responsabilidad del Ayuntamiento. Vázquez autorizó también que la afectada recibiera una vivienda "acorde a sus necesidades" sin incremento de precio.