Aunque la guerra civil desatada entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso en el seno del PP ha relegado a Castilla y León a su posición habitual en la información nacional, la comunidad comienza mañana una semana clave en la formación de Gobierno. Alfonso Fernández Mañueco y Luis Tudanca darán el pistoletazo de salida a las conversaciones que marcarán el inicio de la nueva legislatura. Sobre la mesa, la posición de los partidos en el debate de investidura, que se celebrará —como muy tarde— el 31 de marzo.

Las negociaciones se antojan tan tensas como complejo es el panorama político que las elecciones han dejado en la comunidad autónoma. Los puntos de partida parecen incluso más distantes de lo que ya estaban el 12 de febrero, una situación llamativa teniendo en cuenta que los ánimos tienden a calmarse conforme se retira la marea electoral. En los últimos días Mañueco ha insistido en su intención de conformar un gobierno en solitario y Vox se enroca en su intención de entrar en el Ejecutivo.

La única novedad hay que buscarla en el debate —parece que sin muchas opciones de prosperar— sobre si el PSOE debe o no abstenerse en la votación de investidura para evitar que la ultraderecha entre el gobierno. La vía, abierta por Oscar Puente —alcalde de Valladolid— y que Ferraz intentó zanjar el pasado lunes por la tarde ha concluido con el PSOE haciendo piña en una única posición: habrá abstención si el PP rompe con Vox en todos los gobiernos regionales y municipales en los que hay acuerdos. Una posibilidad remota con la que los socialistas consiguen enviar la pelota al tejado popular aunque en el PP, insisten, es una opción que de momento ni siquiera se explora.

Así las cosas las miradas se vuelven, como siempre desde la noche del domingo, a Vox. Hay, aquí, varias opciones. Primera, un gobierno de coalición tradicional, similar al que PP y Ciudadanos tuvieron hasta que el pasado diciembre finalizó la legislatura. El PP insiste en no abrir la puerta del Ejecutivo a los de Abascal aunque entre las dos fuerzas se conformaría una holgada mayoría de 44 procuradores, tres por encima de la absoluta. Vox, crecido tras obtener 13 escaños, pedirá a buen seguro una importante representación, similar a que la Ciudadanos obtuvo en 2019. Esto es, una vicepresidencia y varias consejerías con presupuestos considerables—Ciudadanos manejaba cerca de la mitad del presupuesto de la Junta—. No hay nada oficial aún, pero en los últimos días han “sonado” Economía y Hacienda, Sanidad, Educación o Familia, consejerías con presupuestos muy importantes.

Otra opción, la segunda en la que entra Vox en juego, es un gobierno con presencia minoritaria o con la abstención de la formación liderada por Juan García-Gallardo. El PP ya ha abierto la puerta a firmar pactos con Soria Ya (tres procuradores), XÁvila (uno) y UPL (otros tres). Siete en total que, sumados a los 31 de Mañueco, dejarían un total de 38. Serían necesarios tres votos de Vox (dos si Ciudadanos se sumara a la lista de fuerzas anterior, cosa improbable). Sobre la mesa, esta estrategia debilitaría la influencia de Vox, lo que podría usarse para limitar su entrada en el Gobierno o para forzar una abstención que diera la presidencia a Mañueco. Con todo, en el PP son conscientes de que un pacto entre partidos es más débil conforme entran a formar parte de él más formaciones políticas.

Estas son las opciones de que la legislatura prospere. Si no, tocará repetir elecciones, algo que a día de hoy todavía ningún partido se atreve siquiera a mencionar. Para ello habría que celebrar una sesión de investidura que finalizara sin éxito y que permitiera abrir un periodo de dos meses de negociación para que se obtenga una mayoría simple —más síes que noes—. Apurando el calendario al máximo, esto llevaría al 31 de mayo. Para escapar de esta segunda cita electoral los partidos pondrán, desde mañana, sus cartas sobre la mesa.