Con la convocatoria de elecciones que Alfonso Fernández Mañueco realizó el 20 de diciembre se puso en marcha un reloj que no ha acabado con la celebración de los comicios. Un reloj que, en un escenario complicado como el que han dejado las urnas, no ha parado de contar. Ahora comienzan unos plazos que, en el caso de mayorías más asentadas, no son tenidos en cuenta pero que cobran gran importancia cuando el resultado de las elecciones es, como pasa ahora, complejo. Y es que, aunque las urnas apenas han acabado de cerrarse, los plazos cuentan. Castilla y León debe tener presidente en primavera o, de lo contrario, volverá a votar.

Por partes. Según el decreto de convocatoria de las elecciones de Castilla y León las Cortes se constituirán el próximo 10 de marzo. Hasta entonces todavía hay que contar el voto de los residentes en el extranjero —se hace hoy—, hacer oficiales los resultados y repartir las actas a los procuradores electos. Lo siguiente a debatir será la composición de la mesa de las Cortes, hasta diciembre presidida por Luis Fuentes —de Ciudadanos— y en la que jugaba un papel importante —como vicepresidenta— la socialista Ana Sánchez.

Son trámites complejos pero, pese a todo, menores ante los puertos de montaña que se avecinan. Las negociaciones entre partidos para elegir un presidente para Castilla y León serán, a buen seguro, tensas. El presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, insistió ayer ante los suyos en que su prioridad es un gobierno en solitario. Es decir, de momento la intención de Mañueco es no coaligarse con Vox como hizo en 2019 con Ciudadanos. Habrá que ver cómo sienta esta intención a los de Abascal, que en las últimas jornadas ya han asegurado públicamente que esperan un trato similar al que tuvo Francisco Igea hace casi tres años. Esto es, una vicepresidencia y cuatro consejerías, sin especificar cuáles —aunque sí han insinuado su interés en Familia o en Educación—.

Mientras, el PSOE intenta acallar desde Moncloa un debate que en Castilla y León se encargó de abrir Óscar Puente, quizás el socialista con mayor peso institucional de la comunidad autónoma. “Yo me mojo”, aseguro Puente antes de plantear que su partido podría valorar la abstención para que la ultraderecha no entre en el Gobierno. El “no” rotundo que desde Madrid llegó en la tarde del lunes ya era menos en la jornada de ayer, cuando el presidente del Gobierno aseguró que el sentido del voto podría virar si el PP rompe con Vox en todos los gobiernos, regionales y municipales, en los que hay pactos. Improbable. Muy improbable. Pero no imposible.

Sea como fuere, los partidos tendrán que empezar a hablar pronto. La primera sesión de investidura tendrá que celebrarse, como máximo, en un plazo de quince días hábiles después de la constitución de las Cortes. Esto es, el 31 de marzo a más tardar. Ahí el candidato que se presente tendrá que obtener una mayoría absoluta —41 procuradores a favor—.

En caso de no obtener mayoría absoluta, la Mesa de las Cortes fijará una fecha para una segunda votación en la que bastará una mayoría simple, más votos a favor que en contra. Pero ahí, el tiempo ya apremiará. Desde la votación de la primera sesión de investidura comenzará a contar un plazo de dos meses. Si transcurrido ese lapso de tiempo ningún candidato hubiera obtenido el respaldo de la cámara para convertirse en el próximo presidente de Castilla y León, se convocarán automáticamente elecciones. Esto es, suponiendo que la sesión de investidura se convoque lo más tarde posible, Castilla y León deberá tener presidente antes del 31 de mayo. De lo contrario, a las urnas.

Queda por último destacar que, a diferencia de Madrid, la legislatura que empieza el 10 de marzo con la constitución de las Cortes podrá tener una duración ordinaria de cuatro años. No sucede lo mismo en la capital, donde volverán a votar en mayo de 2023 junto con el resto de comunidades bajo el Régimen Electoral General. Así las cosas, Castilla y León ha abandonado el ciclo por el que las elecciones regionales se celebran coincidiendo con las municipales. En cualquier caso, la duración de la legislatura dependerá de lo mismo que dependió la anterior, de la fortaleza o debilidad del gobierno.

Elecciones “nacionales”

El evidente calado nacional de las pasadas elecciones regionales ha tenido su reflejo en el recuento de votos. La comparación de los resultados del domingo con los de las últimas Elecciones Generales, celebradas el 10 de noviembre de 2019, deja unos porcentajes de voto casi idénticos en los tres principales partidos del arco político. Así, en Castilla y León el PP tuvo un 31,46% de apoyos (por el 31,96% del 2019), el PSOE un 30,05% (por el 31,62% de hace dos años y medio) y Vox un 17,64% (en 2019 fue un 16,8%). En Zamora los datos también son muy similares. El PP ha pasado del 33,98% de 2019 al 33,66% del domingo. El PSOE ha evolucionado del 33,22% al 32,61% y Vox ha hecho lo propio del 17,28% al 18,95.

Es más notable la caída de Ciudadanos y de Unidas Podemos. El partido naranja, que en Zamora tuvo cerca de siete mil votos en las últimas generales, se ha quedado en poco más de tres mil el pasado domingo. Lo mismo sucede con la formación morada, que pierde la mitad de sus apoyos. Habrá que ver si, a nivel nacional, estas dos formaciones tienen todavía algún recorrido en una provincia que parece haberles cerrado la puerta.