Bruselas acusa a una decena cementeras y patronales del sector en Francia, Alemania y España de conspirar para subir los precios

La Comisión Europea ha acusado este lunes a una decena de empresas del sector de la construcción en Francia, Alemania y España de haber conspirado para aumentar los precios de los productos químicos utilizados en la fabricación de cemento, hormigón y mortero, violando así las normas de competencia comunitarias.

Según los indicios premilinares de la investigación de la Comisión, entre 2021 y 2022, los fabricantes habrían coordinado aumentos de precios a ciertos aditivos utilizados para mejorar el rendimiento, o la durabilidad del hormigón y el mortero. Lo habrían hecho en respuesta al aumento de los costes de las materias primas en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la invasión rusa de Ucrania.

Bruselas ha acusado a diez empresas, entre las que se encuentran Cemex, Mapei, Chrysto, Master Builders Solutions, MC Bauchemie, Sika, TAM, Ha-be, Liesen y Remei, y tres patronales, incluida la Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para Hormigón y Mortero española, de haber pactado la subida de precios. Esta estrategia habría tenido un impacto directo en los costes en el sector de la construcción.

Un posible cartel

En 2023, la Comisión llevó a cabo inspecciones sorpresa en distintas empresas activas en la fabricación de productos químicos utilizados en el sector de la construcción con el objetivo de recabar pruebas. Según los resultados preliminares de la investigación, las empresas acusadas habrían pactado comunicados conjuntos, justificando el incremento de los precios.

El Ejecutivo comunitario considera que esta conducta "infringiría las normas de competencia que prohíben los cárteles" en la Unión Europea. Las normas comunitarias prohíben "los acuerdos y otras prácticas comerciales restrictivas que puedan afectar al comercio e impedir o restringir la competencia en el mercado único".

Bruselas ha enviado ahora los pliegos con la información recabada y la acusación a las empresas y asociaciones implicadas. Estas podrán responder ahora a las alegaciones de la Comisión. Eso sí, si el Ejecutivo comunitario concluye que hay suficientes pruebas de que existe una violación del derecho comunitario, podría prohibir la práctica e imponer una multa de hasta el 10% de la facturación global de la empresa.

La Comisión ha recordado que no existe un plazo legal para concluir una investigación en posibles casos de monopolio. A menudo, esto depende de la complejidad del caso, la cooperación de las empresas implicadas, o cómo estas ejerzan su derecho a la defensa.

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