El Congreso insta al Gobierno a derogar la suspensión de los desahucios y tumba un impuesto a la reventa de casas

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con los votos a favor del PP, Vox y Junts instar al Gobierno a "luchar de manera contundente contra la ocupación ilegal, derogando toda normativa que la ampare", principalmente dejando "sin efecto la suspensión de desahucios y lanzamientos vigente", normativa que decae a final de año y que Podemos ha exigido prorrogar a perpetuidad al Ejecutivo de coalición, que se ha sufrido una nueva derrota en las Cortes, ya que ninguna de sus propuestas en materia de vivienda ha salido adelante —excepto una del Grupo Republicano para el impulso de las cooperativas en régimen de cesión de uso—, incluida la creación de un impuesto a la compra y reventa de casas.

La moción para acabar con la okupación fue defendida por el popular Daniel Pérez Osma, que señaló que, basándose en datos del Ministerio del Interior, que en 2024 se registraron 16.426 ocupaciones, un 7,4% más que el año anterior, concentrando Cataluña el 42% de los casos. "Hoy en España te pueden quitar el fruto de toda una vida de trabajo en una noche y tardar años en recuperarlo. Y lo llaman fenómeno sobredimensionado. Díganle eso al jubilado que paga la luz y la comunidad de una vivienda que ya no puede usar. Proponemos dejar sin efecto la suspensión de desahucios y lanzamientos vigente, garantizando sobre todo la protección de las personas en situación de vulnerabilidad sin trasladar la responsabilidad que tiene la administración pública a los propietarios particulares y proteger la convivencia vecinal pacífica y respetuosa, dado que la ocupación ilegal genera deterioro de los espacios comunes, degradación urbana e inseguridad", añadió el diputado de la formación conservadora.

Por otro lado, la Comisión de Vivienda tumbó con solo seis votos a favor y 30 en contra la propuesta de Sumar de crear un impuesto del 25% a la reventa de pisos que hayan sido adquiridos en los últimos dos años. Alberto Ibáñez, diputado de Sumar, denunció que el house flipping, actividad consistente en la compra, reforma y venta de pisos, ofrece márgenes de rentabilidad entre el 10% y el 35%. "La especulación inmobiliaria quiere decir que una persona dormida gana mucho más dinero que una persona que no puede dormir porque trabajando ocho horas es incapaz de pagar el alquiler. Esa gente merece un castigo fiscal para garantizar el derecho constitucional a la vivienda", añadió el representante de la formación liderada por Yolanda Díaz.

Derrota parlamentaria del PSOE

El Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados llevó dos propuestas a la Comisión de Vivienda. La primera, una titulada El problema de la vivienda, un compromiso de todos, que buscaba instar al Ejecutivo a "seguir fortaleciendo el diálogo y la colaboración con todas las administraciones públicas con el objetivo de impulsar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, proteger de forma permanente las viviendas que se financien con fondos públicos, impulsar un sistema de datos públicos y fiables y seguir insistiendo en la necesidad de que las Administraciones públicas ejerzan sus competencias e incrementen la inversión en políticas públicas de vivienda, en línea con el compromiso asumido por el Gobierno central". Esta moción fue tumbada gracias a los votos en contra del PP, Vox y Junts. La segunda propuesta, rechazada previsiblemente por los mismos partidos, estaba relacionada con el control de los pisos turísticos en las islas.

Las cooperativas logran el apoyo del Congreso

La única proposición, en este caso no de ley (PNL) que ha recibido el apoyo casi unánime —salvo de Vox— ha sido una para incentivar las cooperativas de viviendas en régimen de cesión de uso, que son asociaciones dueñas de un edificio que ceden a sus socios el derecho de uso de cada vivienda de forma indefinida a cambio de una aportación y hacerse cargo de los gastos. La propuesta incluye una modificación de las leyes de cooperativas y del régimen fiscal de las cooperativas, además del impulso de bonificaciones fiscales en la tributación local e instrumentos de captación y gestión de suelo y avales públicos para este modelo, entre otros aspectos. La propuesta es del Grupo Parlamentario Republicano y la firman Etna Estrems y Gabriel Rufián, ambos de ERC.

Suscríbete para seguir leyendo