SECTOR INMOBILIARIO

Las comunidades exhiben sus diferencias sobre la Ley de Vivienda y abogan por un pacto nacional

El Gobierno y los representantes de Cataluña, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Andalucía debaten sobre la necesidad de ampliar el parque público de alquiler

Representantes de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, junto con el Ministerio de Transportes, debatiendo sobre la Ley de Vivienda.

Representantes de la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Cataluña, junto con el Ministerio de Transportes, debatiendo sobre la Ley de Vivienda. / SIMA

Gabriel Santamarina

El Gobierno y representantes de diferentes comunidades autónomas se han mostrado partidarios de promover un Pacto Nacional por la Vivienda con el fin de solucionar los problemas de accesibilidad existentes en el mercado. En un debate organizado por el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA), representantes del Ministerio de Transportes, Comunidad de Madrid, Junta de Andalucía, Generalitat de Cataluña y Comunidad Valenciana han debatido y expresado sus diferencias sobre las medidas que pone en marcha la nueva Ley de Vivienda.

Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el organismo desde el que se ha promovido la nueva ley, ha sido el más conciliador: "Compartimos objetivos e instrumentos. Nos toca en los próximos años que todas las administraciones nos focalicemos en generar vivienda como no se ha hecho en toda la democracia. El pacto por la vivienda va a ser un hecho. En el fondo, hoy en día, todas las fuerzas políticas y administraciones estamos volcadas con la vivienda y esto refleja que hemos tenido un déficit en las décadas anteriores".

En la misma línea, Elena Azcárraga, directora general de Vivienda y Regeneración Urbana de la Generalitat Valencia, ha apuntado que llevamos décadas de retraso y que, a pesar de que el tema de la vivienda está "muy polarizado y politizado" todas las administraciones tienen políticas muy parecidas y están de acuerdo en que se necesita más presupuesto para ampliar el parque público.

María José Piccio-Marchetti, directora general de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid, ha señalado, por su parte, que "ojalá todas las administraciones sean capaces de encontrar puntos de encuentro".

Concesiones administrativas

Los participantes en el debate, que se celebra en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas, han defendido la colaboración público-privada como la herramienta para ampliar el parque público en alquiler a precios asequibles.

"Nos hemos propuesto construir 10.000 viviendas entre 2023 y 2026, 2.155 a través de la promoción directa con el Instituto Catalán del Suelo (Incasol). También vamos a promover en colaboración público-privada y 4.000 se construirán con Fondos Next Generation", ha prometido Silvia Grau, directora de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Alicia Martínez, secretaria general de Vivienda de la Junta de Andalucía, ha explicado que su comunidad está licitando la puesta en marcha de 3.500 pisos, a través del derecho de superficie. Además, Martínez ha defendido la política de vivienda social puesta en marcha desde su comunidad: "Andalucía tiene el mayor parque público de España, con el 45% de las viviendas sociales. En total, son 75.000 viviendas gestionadas por la comunidad, junto con las que tienen los ayuntamientos".

La representante de la Comunidad de Madrid ha puesto de relieve que, además de las 25.000 viviendas sociales de las que dispone la región, tienen en marcha otras 6.600 en el programa conocido como 'Plan Vive'. Este miércoles se publicó una nueva licitación para construir 1.900 nuevas viviendas en colaboración público-privada, con subvenciones ligadas a los Fondos Europeos.

La Comunidad valenciana también cuenta con su propio plan de colaboración público-privada, que recientemente fue adjudicado a Urbania y Visoren. La Generalitat cede parcelas a estas dos compañías privadas, que construirán 1.090 pisos con alquileres que estarán por debajo del precio del mercado.

Diferencias en la Ley de Vivienda

Donde han mostrado sus diferencias los representantes de las distintas administraciones es en la aplicación de la Ley de Vivienda. El representante del Ministerio de Transportes ha asegurado que "la política de vivienda no se soluciona con una medida, sino con un conjunto", en referencia a que la nueva regulación del mercado residencial es una norma más dentro del abanico de propuestas del Ejecutivo.

Mientras, comunidades gobernadas por el PP, como Madrid y Andalucía, han criticado los topes al precio del alquiler y las medidas que consideran favorables a la "okupación". "Van a lograr el efecto contrario al que pretenden, que tengamos una reducción del número de viviendas en alquiler y un aumento de precios, además de generar inseguridad jurídica", ha apuntado María José Piccio-Marchetti.

Alicia Martínez explicó que, en su opinión, la ley aprobada recientemente "invade competencias de las comunidades autónomas y que es simplista en las propuestas para solucionar el problema". También aprovechó la ocasión para denunciar el problema de Andalucía con las viviendas turísticas, una competencia que depende de los ayuntamientos.

La dirigente valenciana ha defendido las nuevas medidas del Gobierno central y que ya se venían ejecutando en sus territorios. "Es interesante la Ley de Vivienda porque contiene medidas urgentes, como la protección a personas vulnerables o topes a los alquileres, y de largo plazo, como el reto de contar dentro de 20 años con un 20% de parque público para que estas zonas que se han declarado tensionadas dejen de estarlo", ha dicho

Silvia Grau, mientras, ha indicado que en Cataluña no hay vivienda, los precios son caros y hay una vulnerabilidad alta y por tanto que la ley crea un marco de protección a los inquilinos. "Tenemos una corona metropolitana donde el precio del alquiler está muy tensionado. Por otro lado, cuando hablamos de vivienda tenemos que hablar de recursos, que quiere decir dinero. Esta ley no ha venido para castigar, sino para regular zonas tensionadas y para que el acceso a la vivienda sea más fácil", ha concluido la portavoz de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya.