El fondo australiano IFM alcanza el 14% de Naturgy

Nueva ofensiva del fondo australiano IFM para aumentar su peso en el capital de Naturgy. El grupo cuyo representante en España en Jaime Siles, ha comunicado que cuenta con una participación del 14,01%, lo que supone siete décimas más que la última contabilizada, que era del 13,8%.

En total, IFM, cuya opa parcial que aspiraba a un mínimo del 17% del capital acabó en el 10,83% en 2021, ha adquirido unos seis millones de acciones. Al precio actual, estos títulos suman unos 150 millones de euros. En la opa, IFM pagó 22,07 euros por acción, muy por debajo de los más de 25 euros actuales.

Desde que acabó la opa, la estrategia de IFM se ha centrado en incrementar su participación mediante adquisiciones en el mercado. Ha sumado más del 4% del capital mediante compras en el mercado. Con ello persigue alcanzar dos representantes en el consejo de administración, frente a uno con el que cuenta en la actualidad. Para ello debe alcanzar el 18% del capital, para lo que le queda aún recorrido.

La operación de IFM en 2021 hizo que Criteria-La Caixa aumentara sus participación en la compañía energética que preside Francisco Reynés, en la que tiene el 26,07% del capital. Le siguen los fondos CVC, con el 20,4% y GIP, con el 20%. También la firma pública argelina Sonatrach cuenta con el 3,85%. Desde la sociedad que controla la Fundació La Caixa, presidida por Isidre Fainé, se temía que CVC y GIP se aliaran con IFM y pudieran bloquear decisiones estratégicas.

Subida en bolsa

Los títulos de Naturgy, que tiene congelado el proyecto de escindir la sociedad en dos, una de actividades reguladas; y otra de libre mercado, suben más del 1% tras conocerse la notica de las nuevas compras de IFM.

La opa de IFM tuvo que salvar numerosas trabas. Desde el primer momento, el presidente de la gasista calificó la oferta como "no solicitada" y el principal accionista, Criteria Caixa, anunció un poco después, su intención de hacer crecer su presencia en Naturgy hasta rozar el 30% que le obligaría a lanzar una contraopa. El Gobierno también tenía que dar su beneplácito, tras la crisis por la pandemia estableció ese requisito en las operación de control de sociedades consideradas estratégicas por parte de inversores extranjeros y lo hizo 'in extremis', cuando se le acababa el plazo de seis meses fijado. El visto bueno se produjo a principios de agosto de 2021, con una serie de condiciones, como apoyo a las inversiones en transición ecológica, de mantenimiento del domicilio social y plantilla y la cotización en la bolsa.