El caso viene de lejos. Empezó hace justo una década. El Gobierno de Mariano Rajoy creó en 2012 un impuesto específico para gravar los residuos radiactivos y el combustible gastado generados por las centrales nucleares. Un nuevo tributo que venía a alimentar el duro choque entre el Ejecutivo y las eléctricas a cuenta de los recortes de la reforma eléctrica emprendida en plena crisis económica.

Las grandes eléctricas propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) han intentado durante casi una década en los tribunales anular el impuesto por considerarlo inconstitucional y contrario al derecho de la Unión Europea. El Tribunal Supremo desestimó en junio del año pasado los recursos de las compañías eléctricas y avaló la legalidad del tributo. Tras ese fracaso, empiezan a resarcirse.

Las energéticas no consiguieron tumbar por completo el impuesto, pero sí que han ganado la pugna con la Agencia Tributaria sobre cómo aplicar el tributo, lo que se está traduciendo en devoluciones millonarias de parte del dinero abonado. El Tribunal Económico-Administrativo Central ha dado la razón a las energéticas en su reclamación de reducir la cantidad de combustible gastado a la que se le puede aplicar el impuesto y la Agencia Tributaria ya ha empezado a aprobar actas de conformidad para ejecutar devoluciones a cada una de las centrales nucleares.

Hacienda ya ha aprobado la devolución parcial de los impuestos de años previos para las centrales de Trillo, Almaraz y Cofrentes, y está pendiente de aprobación la reversión de parte de los pagos de las centrales de Ascó y Vandellós, según confirman fuentes del sector eléctrico a El Periódico de España. Ni las compañías energéticas ni la Agencia Tributaria desvelan el importe total solicitado ni el ya efectivamente devuelto, pero desde el sector nuclear apuntan que las devoluciones pueden acabar rondando los 100 millones de euros.

Los resultados financieros de Endesa de los nueve primeros meses de este año confirman una inyección de 16 millones de euros en concepto de devolución por las centrales de Trillo (en la que la compañía sólo tiene una participación del 1%) y de Almaraz (en la que controla sólo un 36%), en las que Iberdrola es el principal accionista y en las que participa Naturgy con paquetes minoritarios. Iberdrola reconoce que sus cuentas hasta septiembre incluyen el impacto de la devolución de impuestos nucleares, pero no desagrega el importe concreto de cuál es la reversión correspondiente a Trillo, Almaraz y Cofrentes, en las que es socio mayoritario.

Solo por el tiempo de uso

El impuesto impone un gravamen al combustible nuclear gastado (uranio y plutonio) y a los residuos provocados por la producción eléctrica de las plantas nucleares cuando las barras son extraídas definitivamente del reactor. El propio Gobierno de Rajoy introdujo un cambio legal para que las eléctricas no pagaran el impuesto por el combustible que estaba en los reactores con anterioridad al 1 de enero de 2013, la fecha en que el tributo entró en vigor.

Una reforma legal de urgencia que buscaba que el tributo no tuviera efectos retroactivos y que se aprobó después de que Endesa e Iberdrola paralizaran unilateralmente a finales de 2012 las operaciones de la central nuclear de Garoña y sacaran todo el combustible del reactor precisamente para evitar el pago del nuevo impuesto antes de su entrada en vigor. Sin embargo, esa reforma no tuvo en cuenta que las centrales nucleares comúnmente extraen las barras de combustible del reactor para guardarlas en su piscinas de almacenamiento, pero posteriormente lo reutilizan volviendo a colocarlo en el reactor para seguir produciendo electricidad.

Las grandes eléctricas se encontraron con que la Agencia Tributaria les impuso el pago de las cantidades de pago de este impuesto calculadas como si ese combustible nuclear hubiese sido utilizado de manera permanente durante todos los años de manera interrumpida y no sólo durante periodos alternos, lo que reduciría sustancialmente el importe de los abonos.

Las nucleares habían solicitado una rebaja sustancial de los pagos, especialmente de los años 2017 y 2018, para abonar el impuesto sólo por los días exactos en los que el combustible estuvo dentro del reactor. El Tribunal Económico-Administrativo Central les ha acabado dando la razón y la Agencia Tributaria está procediendo a las devoluciones tras un lustro de reclamaciones por parte de los grupos energéticos.