Las compañías que preparan nuevas plantas de energías renovables, tanto eólicas como solares, alertan de que cientos de proyectos están en peligro y a punto de desaparecer por el colapso de la Administración. Las empresas energéticas han presentado una auténtica avalancha de solicitudes de nuevas instalaciones verdes para conseguir determinados permisos administrativos para seguir adelante con ellos. Pero los plazos para obtener las autorizaciones están cerca de agotarse y el atasco burocrático, especialmente en las comunidades autónomas, es tal que pueden acabar decayendo muchos de estos proyectos.

El Gobierno aprobó in extremis hace un año una ampliación de los plazos para que los promotores renovables puedan obtener algunos permisos intermedios obligatorios (la declaración de impacto ambiental y la autorización administrativa previa), evitando que cientos de proyectos decayeran entonces por el retraso de las administraciones, y que los promotores pudieran perder los avales presentados para obtener las licencias y los permisos de acceso a la red conseguidos. Con los nuevos plazos, la mayoría de proyectos han de contar con esos permisos como máximo a finales de enero de 2023. El atasco administrativo continúa y las compañías temen que la prórroga acabe siendo insuficiente.

La avalancha de proyectos renovables es tal que ha acabado que sigue colapsando las Administraciones encargadas de conceder los permisos y provocando enormes retrasos en la tramitación (el Ministerio para la Transición Ecológica en el caso de grandes proyectos de más de 50 megavatios y las comunidades autónomas para un alud de proyectos de plantas de menor potencia). Los retrasos amenazan con expulsar proyectos que cuentan con un plan de construcción real por incumplir los plazos legales de obtención de autorizaciones intermedias.

El Gobierno descarta por completo conceder nuevas ampliaciones de los plazos. “Es imposible”, zanjó la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una entrevista con TVG. El Ejecutivo mete presión a las comunidades autónomas y les pide un mayor esfuerzo para desbloquear el colapso en la tramitación de las solicitudes cuando sólo quedan dos meses y medio de que expire el plazo. "No tenemos ninguna intención de prorrogar el plazo", ha insistido este viernes Ribera en un encuentro con la prensa. "No cabe esta especie de trampa de aumentar otra vez los plazos. Es importante revolverlo ya".

Proyectos 'fantasma'

Desde el sector de las renovables se da por hecho que una parte importante de estas solicitudes no tienen ningún proyecto real detrás y que los promotores acabarán retirando la petición o le será denegada por las administraciones.

Pero la preocupación entre las empresas de energías verdes es por los cientos de proyectos que sí cuentan con proyectos energéticos detrás y que están en riesgo de que no salgan adelante por el retraso que acumulan las Administraciones -tanto el Gobierno central como, sobre todo, las comunidades autónomas- para sacar adelante las autorizaciones intermedias. Si estos proyectos no obtienen las autorizaciones en plazo, perderán su derecho al punto de conexión a la red eléctrica y volverán a la casilla de salida de todo el proceso de tramitación.

La hoja de ruta marcada por el Gobierno para impulsar la descarbonización del sector energético contempla instalar unos 60.000 megavatios (MW) de renovables hasta 2030. Un objetivo que el Ejecutivo tiene previsto revisar para hacerlo aún más ambicioso, en línea con las exigencias de la Unión Europea, y que ya ha quedado desbordado por el aluvión de solicitudes que se acumulan para levantar nuevas plantas de energías verdes.

Según los últimos datos de Red Eléctrica de España, el gestor de la red de alta tensión y operador del sistema eléctrico, a cierre de octubre había concedido ya permiso de acceso a la red a proyectos por 143.700 MW y aún tiene en estudio otros 32.700 MW más, que se suman a los 43.500 MW de eólica y fotovoltaica ya en funcionamiento. Y a todo ese aluvión de peticiones habría que sumar casi 139.000 MW a los que Red Eléctrica ya les ha denegado el permiso.

Desde la propia Red Eléctrica se subraya la celeridad con que la compañía está consiguiendo la integración física y técnica de las nuevas plantas renovables a la red de alta tensión (con 4.300 MW conectados el año pasado), pero reconoce que en ocasiones puede faltar un último permiso para el enganche definitivo. Desde el operador del sistema eléctrico se apunta verdadero cuello de botella está en el retraso de las administraciones, y que el grupo está tramitando sus peticiones para dar el permiso de acceso a buen ritmo.

Faltan recursos

Con el objetivo de impulsar proyectos renovables realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red.

Muchos proyectos estaban a punto de incumplir esos plazos y en la mayoría de los casos la causa era el retraso en la tramitación por parte de las Administraciones. Para salvar esos proyectos, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió la mano y retrasó hasta enero de 2023 el cumplimiento de varios de esos hitos. Pero según se acerca de la fecha, es evidente el riesgo de no conseguir desatascar los procesos y que el problema se repita.

El Gobierno central ha aprovechado el último decreto de medidas anticrisis para flexibilizar las tramitaciones de grandes instalaciones y agilizar la burocracia. Desde el Ejecutivo se reconoce la frustración por la falta de dotación de personal por parte de las distintas Administraciones, especialmente las autonómicas, para desatascar el aluvión de solicitudes de renovables.

Las comunidades autónomas reconocieron su incapacidad para asumir la avalancha de peticiones recibidas y fueron los gobiernos regionales los que solicitaron por unanimidad al Gobierno ampliar los plazos de los permisos intermedios. Algunos gobiernos regionales han solicitado al Ejecutivo central una nueva prórroga que el Ministerio de Teresa Ribera descarta con rotundidad.