Hace veinte años que el italiano Romano Prodi, presidente hasta 2004 de la Comisión Europea, calificó el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC), el marco que reglas rige la gobernanza económica y fija los valores de referencia del déficit y la deuda pública (3% y 60% respectivamente) que los gobiernos deben respetar, de “estúpido, rígido e imperfecto”. Dos décadas después, tras una crisis económica y financiera, una pandemia y una crisis energética que ha disparado la inflación, la Unión Europea ha puesto en marcha la revisión con un sistema que permitirá a los países disponer de sendas de reducción de la deuda a medida y un régimen sancionador más eficaz. El objetivo: llegar a un consenso político para primavera, antes de que empiecen a prepararse los presupuestos de 2024.
“Las orientaciones pretenden garantizar que el marco sea más sencillo, transparente y eficaz, con una mayor implicación nacional y una mejor aplicación, permitiendo al mismo tiempo la realización de reformas e inversiones y la reducción de los elevados ratios de deuda pública de forma realista, gradual y sostenida”, ha resumido el comisario de asuntos económicos, Paolo Gentiloni. “Las reglas fiscales se centrarán en la reducción de la deuda allí donde sea elevada, sobre la base de planes de los Estados miembros. Una vez acordadados, la supervisión se basará en una simple regla de gasto” y “unas medidas de ejecución más estrictas garantizarán su cumplimiento”, ha añadido el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis.
Se trata, explican fuentes de Ejecutivo comunitario, de no imponer una “austeridad irrealista” como ocurrió en el pasado. “Lo vimos tras la crisis financiera, que había una necesidad de recortar gasto. La senda de inversiones se vio afectada y el daño económico fue enorme. Ahora queremos evitar esto y, por eso, planteamos una visión más realista de lo que se puede conseguir, con un ajuste más gradual pero una mayor probabilidad de que se realice”, explican sobre la necesidad de encontrar un sistema más equilibrado, que permita al mismo tiempo tener en cuenta las masivas necesidades de la transición verde y digital.
Aunque se trata de un dossier sumamente explosivo, Bruselas confía en que los Veintisiete serán capaces de llegar a un consenso político antes de comenzar los preparativos presupuestarios de 2024 y la reactivación de la cláusula general de escape, suspendida a principios de 2020 por la pandemia, y que mantendrá las reglas fiscales congeladas hasta finales del próximo año. “Es una prioridad urgente ante el momento crítico en el que estamos”, ha insistido Gentiloni que ha anunciado la intención de presentar propuestas legislativas y nuevas orientaciones durante el primer trimestre de 2023.
"Se trata de una buena base de trabajo", ha valorado la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño. "Es una propuesta equilibrada, inspirada en el papel hispano-holandés (non-paper presentado en marzo de 2022) y sus principios básicos de apropiación nacional, enfoque a medio plazo y diferenciación por país", ha reivindicado Calviño.
Cuadratura del círculo
Según la nueva arquitectura, los países de la UE tendrán que presentar planes de ajuste fiscal y estructural nacionales con un horizonte de cuatro años aunque prorrogables a siete años a cambio de compromisos en materia de reformas e inversiones. Con este nuevo sistema, según Bruselas, los Estados miembros dispondrán de un mayor margen de maniobra y flexibilidad para fijar y apropiarse de sus respectivas trayectorias de ajuste fiscal. Un único indicador operativo -el gasto primario neto, es decir, el gasto que está bajo el control de un gobierno- servirá de base para fijar la senda de ajuste fiscal y llevar a cabo la supervisión fiscal anual, lo que simplificará el marco.
Aunque serán los gobiernos quienes diseñen sus planes nacionales, en coordinación con Bruselas, la Comisión Europea presentará antes una senda de ajuste fiscal de referencia a cuatro años vista para cada uno de ellos con el objetivo de garantizar que la deuda de los países con problemas de endeudamiento importantes o medios se sitúe en una senda de descenso plausible y que el déficit se mantenga de forma creíble por debajo del valor de referencia del 3% del PIB. A continuación, serán los Estados miembros quienes tendrán que terminar de pulir y presentar sus respectivos planes con su trayectoria fiscal a medio plazo así como sus compromisos prioritarios de reforma e inversión pública.
Ajustes adaptados
Los Estados miembros podrán proponer periodos de ajuste más largos, ampliando la senda de ajuste fiscal tres años años más, hasta los 7 años, siempre que se comprometan con una serie de reformas e inversiones que apoyen la sostenibilidad de la deuda. Como ocurrió con los planes de recuperación, Bruselas evaluará posteriormente la situación y si pasan el tamiz -si la deuda se mantiene en una senda descendente o se mantiene en niveles prudentes- el siguiente paso será el aprobado final del Consejo de Ministros de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin), aunque la Comisión seguirá supervisando el cumplimiento de los planes y los gobiernos tendrán que presentar informes anuales. “Si vemos que un país no está cumpliendo sus compromisos podremos solicitar un plan revisado con una senda más estricta y sanciones”, ha explicado Dombrovskis.
A cambio de esta flexibilidad, la nueva arquitectura incluirá un sistema sancionador más efectivo, con sanciones menos importantes en términos cuantitativos, pero más dañinas en términos de “reputación”. Se mantiene el procedimiento por déficit excesivo -para los países que superen el 3% del PIB- porque "ha funcionado", pero se elimina la obligación de reducir la deuda un veinteavo al año para los países que superen el umbral el 60% porque "ha dejado de ser realista" y se sustituye por un sistema que se activará, en cambio, si los países se desvían de la senda de gasto acordada. Además, se mantiene la condicionalidad macroeconómica para los fondos estructurales y para el Mecanismo de Recuperación y Resistencia de forma que esta financiación podría suspenderse cuando los Estados miembros no hayan tomado medidas efectivas para corregir su déficit excesivo.
