El Banco Central Europeo (BCE) ha reclamado este jueves al Gobierno y al Congreso que realicen un "análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas" del 'impuesto' a la banca que ultiman, para "garantizar" que no conlleve "riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos, lo que podría afectar negativamente al crecimiento económico real". El gravamen, ha advertido, debe "considerarse cuidadosamente" en cuanto a su impacto en la rentabilidad de las entidades, ya que una menor rentabilidad puede afectar a su generación de capital y por tanto a su capacidad de dar créditos. 

La autoridad monetaria también se ha mostrado crítica con la disposición de la propuesta de ley presentada por PSOE y Unidas Podemos a instancias del Ejecutivo que impide a los bancos trasladar el coste del gravamen a sus clientes. "El BCE espera, en general, que las entidades de crédito, de conformidad con las buenas prácticas internacionales, tengan en cuenta y reflejen en los precios de los préstamos todos los costes pertinentes, incluidas las consideraciones fiscales, cuando proceda", ha subrayado. Asimismo, ha advertido de que "parece difícil" que la CNMC pueda determinar si dicha traslación al cliente se ha producido o no "en el contexto actual de subidas de los tipos de interés, inflación o deterioro de las primas de riesgo".

Así se recoge en la opinión no vinculante respecto al gravamen que ha emitido la autoridad monetaria en respuesta a la petición que le realizó la cámara legislativa española. Con el tono habitualmente moderado que suele emplear en este tipo de opiniones, el BCE ha dejado en cualquier caso claro que no le gusta el 'impuesto' impulsado por el Gobierno, con argumentos muy parecidos a los que han esgrimido las propias entidades desde el pasado julio. De entrada, el organismo presidido por Christine Lagarde viene a cuestionar que la subida de los tipos provoque un beneficio extraordinario o 'caído del cielo' a los bancos, como ha argumentado el Ejecutivo para justificar el impuesto. 

Efectos positivos y negativos

Es cierto, reconoce el banco central, que los ingresos de las entidades suben a medida que lo hacen los tipos. Pero dicho encarecimiento del dinero, añade, también puede provocar un menor volumen del negocio de créditos, pérdidas en las carteras de valores, aumento de los impagos e incremento de las provisiones para hacer frente al deterioro de los activos. "Por lo tanto, el efecto neto de la normalización de la política monetaria sobre la rentabilidad de las entidades de crédito podría ser posiblemente menos positivo o incluso negativo en un horizonte temporal prolongado", concluye. 

El BCE también ha alertado de que, al tomarse como referencia los ingresos por intereses y comisiones de 2019 y no los resultados finales de 2022 y 2023, es posible que haya entidades con unos "beneficios bajos o pérdidas" que se vean obligadas a pagar el gravamen en 2023 y 2024 sobre los resultados de los ejercicios precedentes. Ello, ha destacado, "distorsionaría significativamente y perjudicaría aún más la resiliencia de un banco deficitario". 

La institución, asimismo, ha advertido de que la aplicación del 'impuesto' únicamente a determinadas entidades españolas (las que tuvieran menos de 800 millones de ingresos por intereses y comisiones en 2019) "podría falsear la competencia en el mercado y perjudicar la igualdad de condiciones tanto dentro del país como en toda la unión bancaria". Además, ha recomendado separar los ingresos que se obtengan por el 'impuesto' de la recaudación tributaria global "para evitar su utilización con fines de saneamiento presupuestario general". 

Respuesta del Gobierno

Pese a estos comentarios, el Gobierno ha interpretado que el "BCE no emite una opinión en contra del gravamen, hace recomendaciones y se pronuncia sobre aspectos técnicos de la norma que considera necesario aclarar", según fuentes del Ejecutivo. "Se trata de consideraciones relevantes para cualquier impuesto de este tipo que se pueda desarrollar en otro país. Todas estas consideraciones fueron tenidas en cuenta por el Gobierno antes de hacer la propuesta", ha añadido. 

Las fuentes, asimismo, ha destacado que los resultados de las grandes entidades conocidos en las últimas semanas apuntan a un "fuerte incremento de los beneficios en los nueve primeros meses del año como consecuencia, entre otros aspectos, de la subida de tipos de interés y de que la remuneración de los depósitos todavía se mantiene contenida". El sector, han añadido, "se encuentra en una posición muy sólida en términos de solvencia" y el análisis previo realizado por el Ejecutivo no le hace prever que tenga un "impacto significativo" por el gravamen dada su "naturaleza temporal como por la calibración y diseño del mismo". Finalmente, en relación con la competencia, el Gobierno entiende que el "horizonte temporal minimiza cualquier efecto distorsionador".

En la misma línea, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha restado importancia a la opinión del BCE y ha asegurado que el Gobierno no prevé cambios en el proyecto. "Son recomendaciones generales a las que estamos acostumbrados con este tipo de dictamen", ha sostenido. La banca, en cambio, se ha sentido reforzada en sus argumentos. "El regulador europeo viene a confirmar los efectos perjudiciales que se han puesto de manifiesto por parte del sector desde que se anunció la medida", ha apuntado la patronal de las antiguas cajas, la CECA, que se ha mostrado esperanzada de que "durante la tramitación de la norma se tenga en cuenta la opinión del BCE".

Petición del Congreso

El Congreso acordó a finales de septiembre pedir al BCE a través del Banco de España su opinión no vinculante sobre el 'impuesto' a la banca, como adelantó este diario. Evitó así que la institución europea emitiese su dictamen por propia iniciativa, como también puede hacer. Los departamentos jurídicos de la autoridad monetaria y supervisora financiera lo han analizado durante estas semanas como paso previo a que el consejo de gobierno haya aprobado su opinión, normalmente mediante un procedimiento por escrito y sin necesidad de una reunión física. 

Altos mandatarios de la autoridad monetaria y supervisora financiera, en cualquier caso, ya habían dejado claro desde el primer momento que su institución tradicionalmente se ha opuesto a este tipo de tributos porque entiende que reducen el flujo de créditoencarecen los préstamos a empresas y familias, y disminuyen la solvencia de las entidades. Así lo han venido alertando tanto Pablo Hernández de Cos (gobernador del Banco de España y, como tal, miembro del consejo de gobierno del BCE) y Luis de Guindos (vicepresidente del BCE).  

Excepcional y temporal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio un golpe de efecto el pasado julio al anunciar por sorpresa un impuesto "excepcional y temporal" a banca y energéticas. Pese a ser una iniciativa del Ejecutivo, se ha presentado como una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos en el Congreso para agilizar su aprobación. Los dos partidos han propuesto gravar el 1,2% de las ventas de las energéticas que tengan una facturación superior a los 1.000 millones de euros, así como el 4,8% del margen de intereses más comisiones de los bancos con más de 800 millones de ingresos, con lo que calculan que se podría recaudar unos 7.000 millones de euros en los próximos dos años.

Las entidades financieras salieron en tromba a manifestar públicamente su oposición a la tasa, que para evitar escollos legales se ha planteado como una 'prestación patrimonial de carácter público de naturaleza no tributaria'. Según el sector, reducirá su capacidad de dar créditos por valor de 50.000 millones de euros, lo que hará que la economía deje de crecer en unos 3.900 millones de euros en los dos próximos años (en torno al 0,32% del PIB con datos de 2021) y que se dejen de crear entre 25.000 y 35.000 puestos de trabajo (con lo que el número de ocupados perderá un crecimiento de entre el 0,12% y el 0,17%, con datos de la EPA del cierre de junio).

Enmiendas

Los bancos, con todo, asumieron desde el principio como prácticamente imposible que el 'impuesto' no salga adelante, pese a que intentaron que PP o Vox lo llevaran al Tribunal Constitucional. Por ello, han tratando de influir en algunos grupos parlamentarios para que el gravamen que finalmente se apruebe les sea lo menos perjudicial posible. Así, han propuesto que las operaciones intragrupo no sean tenidas en cuenta en el gravamen, que su pago sea deducible a efectos fiscales y que se le permita repercutir su coste a los clientes.

Los grandes bancos con negocio internacional también quieren que su actividad exterior con conexiones en España quede exenta. Algunas entidades, además, han planteado que se reparta el tributo entre más bancos, ya que ahora quedan exentas las más pequeñas y las extranjeras que operan en España mediante sucursales, como ING y BNP Paribas. Se trata, eso sí, de una planteamiento que han defendido los grandes bancos a nivel individual, ya que las patronales AEB y CECA también representan a las entidades que de momento han quedado excluidas del pago.

Recurso ante los tribunales

El sector, en cualquier caso, lo considera inconstitucional en su diseño actual. Y a la espera de los cambios que pueda experimentar la proposición de ley durante el trámite parlamentario, la idea más extendida hoy por hoy en la banca es recurrirlo en los tribunales. Podría ser, eso sí, una batalla judicial muy larga, de hasta ocho años, según fuentes financieras.

Lo más probable hoy por hoy es que los bancos tengan que esperar a que Hacienda les pase la primera liquidación adelantada del 'impuesto' en febrero del año que viene para llevar el asunto a los tribunales. Entonces las entidades podrán recurrirlo, alegar que va en contra de la carta magna y pedir a los jueces que lo eleven al Tribunal Constitucional. De aceptarlo el juez y admitirlo a trámite el Constitucional, dicho tribunal "tardaría entre seis y ocho años en resolver", apuntan las fuentes.