El Gobierno aprobó hace más de un año dos proyectos de ley que introducen cambios de calado en los costes que soporta el sistema eléctrico y que permitirían bajar el recibo de la luz de manera permanente. Dos normas cuyo proceso de tramitación parlamentaria está siendo tumultuoso, con varios frenazos y arreones en los últimos meses, y que ahora vuelve a estar paralizado hasta nueva orden. Pero esa orden puede acabar llegando en breve con el objetivo de que esas reformas estén en marcha el próximo año.
Uno de los proyectos de ley contempla la creación del nuevo Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) para que el recibo de luz deje de cargar con todo el coste de la retribución a las renovables reguladas y trasladarlo en parte también a petroleras y gasistas. El otro proyecto implica un recorte a los ingresos de las grandes eléctricas por el CO2 no emitido por sus centrales nucleares e hidroeléctricas y por las plantas eólicas y solares.
El Gobierno reactivó a mediados del pasado junio la tramitación parlamentaria de ambos proyectos con el objetivo que de manera rápida la Comisión de Transición Ecológica del Congreso diera el visto bueno a las normas y las remitiera al Senado para su aprobación definitiva. Pero a finales de ese mismo mes de junio las votaciones se retrasaron y los proyectos volvieron a congelarse para evitar que la aplicación de estas leyes diluyera el impacto de algunas de las medidas del decreto anticrisis que aprobó entonces el Gobierno para bajar el precio de los combustibles y el gas.
En la documentación que acompaña el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2023 el Gobierno anticipa que el esquema de ingresos y costes del sistema eléctrico “se verá posiblemente modificado a lo largo del próximo ejercicio al estar en tramitación en las Cortes Generales dos proyectos de ley”, en referencia a la creación del FNSS y al recorte de la retribución del CO2 no emitido del sector eléctrico.
“La aprobación de ambas normas supondrá cambios relevantes en los mecanismos de financiación del sistema eléctrico”, recoge el Ejecutivo en el 'Libro Amarillo' de las cuentas públicas, “todo ello contribuirá a reducir los costes que hasta el momento se contienen en la factura eléctrica, minorando la carga que soportan los consumidores”.
De la luz al gas
Actualmente el coste de la retribución de las antiguas energías renovables reguladas, unos 7.000 millones anuales, se carga íntegramente en el recibo de la luz. El objetivo del Gobierno con la creación del Fondo para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico es repartir ese coste también con petroleras y gasistas.
Con ello, se rebajará la factura eléctrica sacando parte de esa carga millonaria, pero se acabará trasladando en parte también al precio de los combustibles y del recibo del gas, en un momento en que el Gobierno está adoptando medidas extraordinarias para abaratar los carburantes (el descuento de los 20 céntimos por litro) y la factura del gas (topando las subidas de la tarifa regulada gasista o ahora con la rebaja del IVA).
Según las estimaciones que manejaba el Gobierno cuando aprobó los proyectos de ley, la puesta en marcha del FNSSE serviría para descargar este año al sistema eléctrico de unos costes de 663 millones de euros que se trasladarían a petroleras y gasistas, y éstas se lo repercutirían a sus clientes. Y el proyecto de ley para la minoración de los ingresos de las eléctricas por el CO2 no emitido por nucleares, hidroeléctricas y renovables iba suponer un recorte de los ingresos de las compañías y una inyección para las cuentas del sistema eléctrico de 483 millones de euros. En total, unos 1.140 millones extra que dejarían de cargarse a la factura eléctrica en un año.
1.100 millones
El proyecto de PGE 2023, presentado este jueves por el Gobierno, contempla una inyección de 1.100 millones de euros procedentes de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de CO2 que se destinará a financiar costes del sistema eléctrico. El Ejecutivo iguala así el tope que ya recogían los presupuestos estatales de este año.
El Ministerio Hacienda, comandado por María Jesús Montero, se deja abierta la opción de poder elevar ese traspaso de 1.100 millones. Y es que si los ingresos recaudados por las subastas superan esa cantidad, el Gobierno podrá generar crédito hasta alcanzar el límite de las cantidades totales obtenidas por las pujas mediante la publicación de una orden de la ministra de Hacienda.
