El debate sobre el apagón nuclear trata de reabrirse, de momento, desde la política. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos llevan meses defendiendo una revisión del calendario previsto de cierre de todas las centrales nucleares españolas, que arrancaría en 2027 y concluiría con el apagón total en 2035. En plena crisis energética, los partidos de la derecha respaldan ampliar la vida de los reactores como una forma de impulsar la soberanía energética futura de España y recuerdan que otros países europeos están replanteándose la clausura de sus nucleares.

El Gobierno ha venido rechazando con rotundidad un replanteamiento de las fechas programadas para las futuras clausuras, alegando que no serviría para afrontar la emergencia energética a la que se enfrenta el país por la crisis actual (el primer cierre está previsto para dentro de cinco años) y subrayando que los cierres son el resultado del acuerdo alcanzado con las propias compañías eléctricas propietarias de las centrales nucleares hace tres años.

Desde Enresa, la sociedad pública encargada de gestionar los residuos nucleares y el desmantelamiento de los reactores, se sentencia que ninguna de las eléctricas ha transmitido ningún interés en aplazar los cierres programados.

“Ninguna eléctrica tiene voluntad de cambiar el protocolo de calendario de cierre de las centrales. Ninguna lo ha transmitido ni directa ni indirectamente en nuestras reuniones, ni tampoco lo han dicho públicamente”, ha subrayado este martes el presidente de Enresa, José Luis Navarro, durante su comparecencia en la Comisión de Transición Ecológica del Congreso de los Diputados. “Para modificar el calendario de cierre se necesita la voluntad coincidente del Gobierno y de las compañías. El Gobierno no quiere y las empresas, que yo sepa, tampoco”.

El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas que conducirá al apagón nuclear total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla la clausura escalonada de las plantas entre 2027 y 2035.

Según ha subrayado el presidente de Enresa, desde que se firmó el acuerdo con las eléctricas seis de los siete reactores activos en España (todos menos la central de Trillo) han pedido su renovación de licencia y lo han hecho solicitando ampliar su vida en los plazos exactos contemplados en el protocolo y apuntando que era la renovación “última y definitiva”. “Podrían no haberlo hecho, pero lo han hecho”, ha sentenciado.

Problema de rentabilidad

El máximo responsable de Enresa apunta que ninguna compañía ha manifestado interés alguno en realizar nuevas grandes inversiones para prolongar la vida de las centrales existentes y ni mucho menos por nuevas instalaciones. “El debate es económico, no sobre viabilidad técnica. Las centrales pueden seguir funcionando más tiempo desde un punto de vista técnico, pero con grandes inversiones para renovarlas.

Los consejos de administraciones de las compañías propietarias son los que deben valorar si es rentable operar más años”, ha apuntado Navarro. “A las compañías no les salen los números”, ha indicado, augurando que los costes de producción de las nucleares, incluso descontando los impuestos específicos, son mayores que las previsiones de precios de venta de la electricidad a medio plazo que reflejan los mercados de futuros.

Desde el sector nuclear se ha criticado de manera persistente las cargas fiscales que soportan las centrales para operar y que, por ello, los costes de producción se sitúan en el entorno de los 60 euros por megavatio hora (MWh) y sin impuestos rondaría los 45 euros por MWh (dejando fuera la tasa de Enresa), cuando los mercados de futuros auguran precios de la electricidad muy inferiores para 2030 o 2035. “Y eso sin incluir las nuevas inversiones que habría que realizar en las centrales si se amplía su vida útil”.

Las eléctricas pagan una tasa de 7,98 euros por cada MWh de electricidad producida, que se ingresa en un fondo gestionado por Enresa para financiar la gestión de los residuos y el futuro desmantelamiento de los reactores. “Esa prestación patrimonial no es un impuesto, es la aplicación del principio de ‘el que contamina paga’. Y paga mientras se produce”, ha aclarado Navarro.

Frente a la presión de los grupos políticos de derecha para revisar el calendario de cierre de las nucleares, las grandes eléctricas han rehuido el choque directo con el Gobierno y no han entrado abiertamente en el debate sobre alargar la vida de las centrales. En los últimos meses, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha apuntado que las nucleares “están preparadas para funcionar durante el tiempo que sea necesario”, pero advirtiendo que eso “requerirá más inversiones y costes que habría que retribuir". Y el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que si fuera necesario retrasar el cierre de las nucleares “cuatro o cinco años” para garantizar los objetivos de reducción de emisiones de CO2 “no debería ser un problema”.

Las CCAA no quieren el almacén

El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. La propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica contempla dos alternativas sobre qué hacer con los residuos nucleares durante los próximos 60 años: mantener el proyecto de construir un solo cementerio nuclear centralizado o instalar siete almacenes por toda España, uno en cada una de las centrales nucleares del país.

En los últimos meses, Enresa se ha inclinado públicamente por construir un único cementerio nuclear como la opción más ventajosa económica, ambiental y socialmente. El problema para elegir la ubicación es la necesidad de conseguir un consenso social, político e institucional y cómo vencer las reticencias de las administraciones y de la población a convivir con los desechos nucleares. Y de momento ningún gobierno regional se muestra dispuesto a acoger un almacén temporal centralizado (ATC) en su territorio.

“Ninguna comunidad autónoma quiere tener el ATC. Eso es un hecho”, ha subrayado Navarro, apuntando ninguna región se ha abierto acoger el cementerio nuclear en el proceso de alegaciones del nuevo PGRR. “¿Se puede imponer? ¿Se puede hacer con un dedazo?”, se ha preguntado sobre la posibilidad de obligar a una comunidad autónoma a acogerlo.

El Gobierno de Pedro Sánchez, recién llegado a Moncloa, paralizó el proyecto de construir un almacén nuclear centralizado en Villar de Cañas, en Cuenca, y da por descartado retomarlo. Si la opción elegida finalmente es levantar un solo almacén para los residuos de todas las centrales, el Ejecutivo tendría que buscar otra localización alternativa.