El Partido Popular desveló este lunes sus propuestas para hacer frente a las consecuencias de la crisis energética y para contener los precios. El documento ha sido remitido ya a Moncloa para consensuar algunas de la sesentena de medidas incluidas, entre las que se apuesta por un mecanismo para dar descuentos crecientes en sus facturas de luz y gas a los consumidores que más ahorren en sus consumos en relación al año pasado.
El Gobierno se ha comprometido a estudiar las medidas trasladadas por los populares y apunta que aprovechará aquellas que encajen en el plan de contingencia que debe remitirse este mes a Bruselas con iniciativas de ahorro y eficiencia para impulsar la autonomía energética frente a Rusia. Pero también apunta que el compendio del PP resulta “decepcionante” por incluir algunas medidas que ya se aplican y que el propio partido votó en contra o se abstuvo en el Congreso, otras poco definidas y algunas directamente con efectos perversos.
Así lo resume la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que advirtió de que el mecanismo de bonificaciones que propone el Partido Popular sería contraproducente por beneficiar a los consumidores con más recursos, los que tienen más margen para reducir su consumo directo, y por ser difícil que sirva para proteger a los hogares vulnerables.
“Es obvio que lo habitual es que antes de tener la situación actual el gran derroche se produjera en casas con más recursos, y por tanto el margen para ahorrar más y beneficiarse más de esa reducción está en las familias con más recursos”, explicó Ribera en una entrevista con la Cadena SER. “En realidad lo que tenemos que hacer es pensar cómo dar cobertura a las familias más vulnerables y a la industria con más riesgo” por los precios energéticos, “debemos tener cuidado con no tener el efecto contrario al que se desea”.
El plan energético del PP plantea un sistema de bonificaciones progresivas para el consumo de electricidad y gas durante este invierno (desde el 1 de noviembre y hasta el 1 de abril), que incluye descuentos de entre el 5% y hasta el 40% en las facturas de hogares y empresas cuanto mayor sea el recorte del consumo en relación al del año pasado.
“El plan hace unas propuestas cargadas de beneficios y de descuentos, y no deja claro quién lo paga salvo cuando hace referencia explícitamente a los Presupuestos Generales del Estado. Existe el riesgo que esas medidas sean extraordinariamente cuantiosas y que no distribuyan de forma razonable y equitativa la cobertura de ese coste, y pueden tener efectos regresivos”, indicó la vicepresidenta. El plan de bonificaciones tendría un coste aproximado de 2.900 millones de euros, según las estimaciones del propio PP, y se financiaría con presupuesto público que se trasladaría a las comercializadoras eléctricas que aplican los descuentos a sus clientes finales.
