El Partido Popular, Vox y Ciudadanos llevan meses defendiendo una revisión del calendario previsto de cierre de todas las centrales nucleares españolas, que arrancaría en 2027 y concluiría con el apagón total en 2035. En plena crisis energética, los partidos de la derecha respaldan ampliar la vida de los reactores como una forma de impulsar la soberanía energética futura de España y recuerdan que otros países europeos están replanteándose la clausura de sus nucleares como respuesta al pulso de Vladimir Putin y el riesgo a corte definitivo del suministro de gas.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aprovechó este martes su cara a cara con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado para volver a reclamar no renunciar a ningún tipo de tecnología de producción eléctrica, incluida la nuclear. Una defensa que el jefe del Ejecutivo calificó de "falacia" porque no sirve para ahorrar energía de manera inmediata como pide la Unión Europea porque aún quedan cinco años para el primero de los cierres previstos y trece para completar las clausuras, y porque la eventual puesta en marcha de una nueva central nuclear tardaría "entre 15 y 20 años" en producirse y no hay empresas dispuestas a asumir las inversiones necesarias.
"Este Gobierno no va a dar un paso atrás", sentenció Sánchez sobre la defensa del líder de los populares de revisar las fechas previstas para el cierre de los reactores. "No es una solución para esta crisis". El presidente del Gobierno también subrayó que la ampliación de las nucleares no es garantía de soberanía energética porque en torno a un 40% del uranio que se utiliza en las plantas procede precisamente de Rusia y recordó que más de la mitad del parque nuclear francés actualmente no está operativo (con 32 de sus 56 reactores parados) por problemas de mantenimiento, lo que, a su juicio, demuestra "la limitación de la política nuclear" que propone el PP.
El Gobierno ha venido criticando el oportunismo de la oposición conservadora para intentar aplazar el cierre de las nucleares aprovechando la crisis energética, y esgrimiendo que la ampliación de la vida de los reactores no tiene ninguna utilidad con el objetivo urgente de ahorrar energía de cara al próximo invierno y siguiente, como exige la Unión Europea. El Ejecutivo subraya que son las propias compañías eléctricas las que en todo caso deben mostrar interés en seguir operando sus plantas y asumir que eventuales sobrecostes por la prórroga recaerá en sus cuentas y no cargarán con ellos los contribuyentes.
“El calendario de cierres es público y está acordado entre las empresas propietarias de la centrales", recordó, por su parte, la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes en una entrevista con Onda Cero. Cancelar o modificar ese calendario progresivo de clausuras “ahora no forma parte del debate”, zanjó. “En estos momentos no falta ni un solo kilowatio de energía nuclear en el sistema eléctrico español (…) No es un planteamiento que determine el nivel de éxito o no de nuestra respuesta en esta situación” de necesidad de tomar medidas para ahorrar energía de manera casi inmediata.
Para el Ejecutivo, según subrayó Ribera, tener una hoja de ruta con fechas concretas para los cierres “es importante de cara a saber qué volumen de residuos nucleares habrá y cómo se gestionan”, para “gestionar la entrada de otras tecnologías de generación eléctrica alternativa” y también para las propias compañías eléctricas para planificar “las inversiones necesarias para seguir operando”, ha explicado la vicepresidenta.
Pacto con Endesa, Iberdrola y Naturgy
El Gobierno pactó en 2019 con las grandes eléctricas un calendario para el cierre progresivo de todas las centrales españolas que conducirá al apagón nuclear total en el país. El acuerdo con Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP contempla la clausura escalonada de las plantas entre 2027 y 2035. Desde el Ejecutivo se insiste en que ninguna compañía ha manifestado interés alguno en realizar nuevas grandes inversiones para prolongar la vida de las centrales existentes y ni mucho menos por nuevas instalaciones.
El Gobierno ha puesto en marcha el proceso para actualizar el Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), la hoja de ruta a largo plazo sobre cómo gestionar los desechos, cómo desmantelar las centrales nucleares y cuánto va a costar hacerlo todo. Y el nuevo plan está planteado sobre la base de que todas las plantas irán cerrando de manera escalonada entre 2027 y 2035, para cuando se espera el apagón nuclear definitivo en el país.
"Tenemos que ser muy claros sobre quién va a asumir los costes de que [las centrales nucleares] sigan funcionando y del desmantelamiento", explica Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) "Hay que analizar muy bien la situación para asegurarnos de que los costes no recaen en la ciudadanía, que no consiste en privatizar las ganancias y socializar las pérdidas".
El último borrador del Gobierno de PGRR contempla costes de entre 24.400 y 26.500 millones de euros para desmantelar las centrales y gestionar sus residuos radiactivos en función de si se construye un solo almacén o varios, con un sobrecoste en relación a versiones anteriores de entre 1.400 millones y 3.500 millones. Un sobrecoste que las eléctricas rechazan asumir por ser consecuencia del retraso en tener un almacén centralizado, y proponen en todo caso que se cargue en la factura de la luz como un coste del sistema eléctrico.
El Congreso de los Diputados ha rechazado en los últimos meses hasta tres mociones (de PP, Vox y Ciudadanos) en las que se reclamaba al Gobierno un alargamiento de los plazos de los cierres de las centrales como vía para reforzar la soberanía energética del país. El objetivo del trío de mociones de los tres partidos era prolongar la vida de las plantas por encima de lo ahora previsto y retrasar el apagón nuclear más allá de 2035 para reforzar la autonomía energética, frente a la dependencia del gas. La moción del partido de ultraderecha iba más allá y proponía incluso derogar los objetivos de recorte de emisiones y la legislación contra el cambio climático
