Ante una inflación persistente y excepcional, una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) "excepcional" para el 2023. Así lo ha anunciado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, este viernes tras reunirse con la comisión de expertos que creó al inicio de la legislatura para asesorarla sobre cómo debía evolucionar este indicador. Díaz ha rehuido dar cifras concretas sobre cuál será la propuesta de salario mínimo que llevará a la mesa de negociación con patronal y sindicatos, si bien se ha referenciado en los incrementos ya avanzados por países del entorno, como AlemaniaPaíses Bajos o Grecia, que revalorizarán este suelo salarial por encima del 10%. "Como ven se están tomando medidas que tienen que ver con la excepcionalidad del momento", ha declarado. El año pasado el SMI subió el 3,6%.

Actualmente el salario mínimo está en 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas) y afecta directamente a unos dos millones de personas. La revisión del SMI es una cuestión que tradicionalmente se solventa durante el mes de diciembre. El Ministerio de Trabajo cita a los agentes sociales, mantienen una o dos reuniones y se cierra la carpeta, con o sin acuerdo, para que el incremento entre en vigor desde el 1 de enero. Pero este año Díaz ha querido precalentar el terreno de cara una negociación que se prevé ardua, dado el cumulo de conversaciones promovidas desde el Gobierno para sellar un pacto de rentas, la nueva tanda de reformas de las pensiones y la decisión del incremento salarial de los funcionarios para el año que viene, entre otros.

Dos meses y medio, es decir, para mediados de noviembre, le ha dado de margen la vicepresidenta segunda a sus expertos para que tengan confeccionada una nueva propuesta de subida del SMI para el 2023. No le sirve a la titular de Trabajo el guion previsto hasta ahora, que pasaba porque el salario mínimo subiera hasta una cifra entre los 1.023 y los 1.049 euros brutos al mes (en 14 pagas). El actual contexto de incremento de precios y el bloqueo generalizado de la negociación colectiva ha dejado obsoletas esas previsiones, realizadas hace más de un año. De acabar apostando por un aumento similar al de los países citados por la propia Díaz (10%), el SMI pasaría de los actuales 1.000 euros a 1.100 euros brutos al mes.

Díaz aspira a atraer a la patronal a un acuerdo y evitar que se le descuelgue como lleva dos años consecutivos haciendo. De momento la posición de la CEOE es evitar todo incremento de costes posible y las relaciones con la vicepresidenta segunda no pasan por su mejor momento, dada la presión ejercida por Díaz para que acepten mayores incrementos salariales en los convenios colectivos. "Los anuncios sobre subidas desmedidas del SMI bloquean las negociaciones a la espera de lo que finalmente se apruebe puesto que estas impactan en las tablas salariales, representando en la práctica una injerencia en la negociación colectiva", ha afirmado la entidad empresarial en un comunicado este viernes. "Lo que tensiona a la ciudadanía es tener una perdida de poder adquisitivo como la que tienen ahora", les ha replicado la vicepresidenta segunda.

Pimec defiende que el SMI suba

"Hay una tensión inflacionaria muy importante sobre el poder adquisitivo de las personas trabajadoras y que, por lo tanto, hay que afrontar el incremento de salarios", ha declarado este viernes el secretario general de Pimec, Josep Ginesta. "No queremos trabajadores pobres", ha añadido. Desde la patronal de las pequeñas y medianas empresas de Catalunya han instado a la CEOE a que se siente a negociar la siguiente subida del SMI. Ginesta ha citado el Estatuto de los Trabajadores, que establece que una de las variables a tener en cuenta para revisar el IPC es el incremento de los precios, aunque también ha insistido en que otra variable es la evolución de la economía o la productividad. Y ha pedido contención en los incrementos para no perjudicar a las microempresas y comprometer su viabilidad en el actual contexto.