Más de 500 personas que trabajan para otras empresas repartidoras tendrían que formar parte de la plantilla de Amazon en Barcelona y no lo son. Así lo concluye una investigación llevada a cabo por Inspecció de Treball, organismo dependiente de la Generalitat de Cataluña, que ha propuesto multar con un total de 5,8 millones de euros tanto al gigante del comercio electrónico como a 17 subcontratadas implicadas en esta dinámica. Las acusa de cesión ilegal de trabajadores.

Según un comunicado de la 'conselleria' de Empresa i Treball, el organismo inspector aconseja sancionar a la filial logística española de Amazon (Amazon Road Transport Spain SL) con aproximadamente 3,2 millones de euros y al resto de empresas con un total de 2,6 millones de euros. En este último grupo figuran, entre otras, TipsaAra VincInternet Commerce SolutionsTransportcat Logistics, así como varias ETT, como por ejemplo, Randstad.

Inspecció de Treball constató que todas ellas "le habían cedido 559 personas que trabajaban en condiciones laborales inferiores a las que les correspondería si fueran contratadas directamente por la multinacional". Por ello la idea es que la sanción salpique a todas las partes implicadas.

"La investigación inspectora, iniciada el pasado mes de febrero en Barcelona -añade el comunicado- concluye que por lo menos 559 personas trabajadoras hacían tareas de reparto en situación y condiciones de precariedad laboral, principalmente en cuanto al sueldo y a la inestabilidad en la ocupación, además de no contar con representación legal".

Una vez notificada el acta de infracción, todas las empresas implicadas tienen derecho a presentar alegaciones en contra y, luego, el organismo competente tiene seis meses para decidir si la multa es pertinente o no.

Sanciones previas

No es la primera vez que la administración pública carga contra el modelo laboral de Amazon. Sin ir más lejos, ya en junio de 2020 la propia Inspecció de Treball había acusado a Amazon y a otras cuatro empresas de reparto de este mismo delito, y entre las sancionadas ya aparecía Ara Vinc. En total, tal como recuerda la agencia de noticias ACN, entre 2019 y 2021 la Generalitat interpuso una veintena de sanciones a Amazon por incumplimiento de la normativa laboral que ascendieron a 1,1 millones de euros. De estas, una decena eran precisamente por cesión ilegal de trabajadores.

Además, Inspección de Trabajo, en este caso estatal, concluyó en octubre de 2020 que en torno a 4.000 repartidores de Amazon entre Madrid y Barcelona eran falsos autónomos, un escenario ante el que se requería a Amazon que pagara unos 6 millones de euros en cotizaciones pendientes a la Seguridad Social. Sin olvidar que a principios de este año, la Agencia de Protección de Datos (AEPD) ha impuesto otra multa de 2 millones de euros esta misma filial española del gigante tecnológico por recoger información relativa a los antecedentes penales de los trabajadores.