El Gobierno incluyó en el macrodecreto de medidas contra el impacto de la guerra -que ahora ha conseguido in extremis sacar adelante en el Congreso- la aplicación de un descuento directo de 20 céntimos por litro de combustible para todos los consumidores, que se puso en marcha el pasado 1 de abril. Era una medida de aplicación inmediata y generalizada que buscaba aliviar el golpe para los conductores -particulares y profesionales- en plena escalada de los precios de los carburantes.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que el descuento “indiscriminado”, para todos los usuarios, era la única forma de aplicarlo rápidamente en un momento de crisis de precios extrema. Pero ha abierto la puerta a convertirlo en un descuento que se repartiría en función de la renta del consumidor si la crisis energética y los altos precios de gasolina y gasóleo se prolongan y se hace necesario ampliar el apoyo a los conductores.

“Fue la reacción que nos pareció que era la más rápida de poder ejecutar. Necesitábamos una señal que fuera importante y que fuera rápida”, ha explicado Ribera durante su intervención en un encuentro organizado por Cadena SER en Sevilla. “Si tenemos que mantener el sistema de apoyo a los consumidores de combustible de automoción, lo justo y lo razonable es intentar centrar cuáles son las familias y cuáles los niveles de renta que merecen más apoyo. Hay que buscar que sea un sistema parecido a una tarjeta para concentrar el esfuerzo fiscal para ayudar a esas familias”.

El reparto generalizado del descuento de 20 céntimos por litro para todos los clientes y en todos los repostajes, con independencia del nivel de renta del consumidor y de la intensidad en el uso de los vehículos, ha recibido críticas por ser regresiva (con carácter general, beneficia más a las rentas altas) y contraproducente en el proceso de descarbonización (no incentiva el ahorro y promueve el uso del vehículo privado).

El Gobierno se decantó por lanzar una medida “que tenía un efecto instantáneo para el conjunto de la sociedad”, ha indicado la vicepresidenta. “Si esto dura, hay que ser más precisos y más ágiles y destinar los recursos a quien más lo necesita”. Los descuentos de 20 céntimos para todo tipo de combustibles tiene una vigencia prevista de sólo tres meses, hasta el próximo 30 de junio. El Ejecutivo se abre ahora a introducir cambios sustanciales en la medida si se ve obligado a prolongarla.

El Gobierno asume el coste de los 20 céntimos por cada litro de combustible vendido durante estos tres meses, con un impacto previsto en el presupuesto público de 1.423 millones de euros. Las petroleras con las mayores redes de gasolineras (Repsol, Cepsa, BP, Galp, Shell y DISA) han ampliado esos descuentos hasta entre 25 y 30 céntimos por litro, en función de que los clientes pertenezcan a sus programas de fidelización o utilicen los propios medios de pago de las compañías.