El Gobierno puso en marcha este verano un plan de choque para tratar de amortiguar el impacto en el recibo de la luz de los hogares de la espiral de subidas desorbitadas de los mercados de la electricidad y del gas. Entre las medidas contempladas, el Ejecutivo incluyó la celebración de subastas de contratos de compra de electricidad a plazo con precios estables y con una duración de más de un año.

Unas subastas a las que las grandes eléctricas (Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP) estaban obligadas a acudir de manera forzosa para subastar parte de su electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y eólica para vendérsela a comercializadoras independientes (las no integradas en los grandes grupos energéticos) y a grandes consumidores industriales. Una medida que las grandes eléctricas rechazaban de plano y que anticipaba un choque entre el Ejecutivo y el sector por la obligatoriedad de acudir a la puja.

El real decreto 17/2021, a través del que se articuló el plan de choque para contener el precio de la luz, incluía un mandato expreso para que el Gobierno celebrara la primera de estas subastas antes del 31 de diciembre de 2021. Un mandato que el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por Teresa Ribera, incumplió y el año terminó sin que se celebrase la puja.

El Gobierno reta ahora a las grandes eléctricas y se dispone a activar el plan para que se celebre la primera de esas subastas este año. “Todavía no hemos podido lanzar las subastas de energía inframarginal por muchos motivos, pero es un compromiso de este Gobierno y queremos lanzar este año esas subastas”, ha confirmado la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen, en una entrevista con 'El Periódico de la Energía'.

Desde el Ministerio se subraya la enorme complejidad técnica para levantar el mecanismo específico de estas subastas y se confirma que no ha sido hasta esta misma semana cuando ha recibido el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) en el que se fija el precio de reserva preceptivo para celebrar la puja (el precio mínimo a partir del cual las compañías pueden vender la electricidad sin caer en pérdidas). La secretaria de Estado ha eludido fijar una fecha para la celebración de la subasta, pero ha prometido “agilidad” para que se celebre cuanto antes.

Para las grandes eléctricas no será una opción participar, será una obligación acudir a esas subastas. Incluso ya estaba prefijada la cantidad de energía que tenían que subastar en la primera de esas subastas, inicialmente prevista para el año pasado: 15.830 gigavatios hora (GWh), el equivalente al 25% de la producción eléctrica anual del ejercicio con menor producción de las instalaciones afectadas. E incluso se ha fijado el reparto de la energía que deben aportar cada una de las eléctricas en función de su cuota de generación: Iberdrola, más de 7.300 GWh; Endesa, 6.700 GWh; Naturgy, 1.400 GWh; y EDP, 360 GWh.

Desde que el Gobierno aprobara su plan de choque de medidas para contener las subidas de la luz el pasado septiembre, desde las grandes eléctricas se han venido insistiendo en la imposibilidad de celebrar de manera urgente la subasta obligatoria. Las compañías argumentan que no podían proporcionar electricidad para subastar de manera inminente porque ya tenían vendida toda la producción de energía de este año. Y, según las compañías, su producción eléctrica para 2022 también está vendida ya de manera muy mayoritaria, subrayando que han cerrado contratos en la mayoría de los casos para más del 80% de la generación del próximo año.

Las grandes compañías, por lo general, venden toda o casi toda su producción eléctrica a sus propias comercializadoras, a filiales del mismo grupo. La pretensión del Gobierno es aumentar la liquidez de los mercados a plazo, obligando a ceder parte de esa producción a comercializadoras independientes ajenas a los grandes grupos energéticos o directamente a la gran industria para que pueda contener los costes energéticos en plena espiral de subidas.