Los impuestos son, siempre, un motivo de controversia política, y en tiempos electorales -como los que comienzan ahora, con las elecciones en Castilla y León como primer hito- mucho más. Y el melón tributario se va a abrir en breve en el seno del Gobierno de coalición, porque las tensiones intermitentes que se han dado en esta materia a lo largo de la legislatura entre PSOE y Unidas Podemos (UP) se van a volver improrrogables. La fecha clave, apuntan desde dentro del Ejecutivo, será la presentación del Libro Blanco sobre la Reforma Tributaria, que tiene que hacerse a lo largo de febrero; pero antes, este mismo viernes, se podrán empezar a contrastar posiciones, porque la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tiene previsto hablar de fiscalidad en el debate que mantendrá con el economista francés Thomas Piketty en el Círculo de Bellas Artes de Madrid.

Este diálogo, organizado por el centro de pensamiento de izquierdas Instituto de Estudios Culturales y Cambio Social (IECCS) y que lleva por título "Transformar el presente, imaginar el futuro: más allá de la precariedad y de las desigualdades", es uno de los hitos en el proceso de construcción de una futura candidatura de Díaz de cara a las próximas generales, y por tanto el equipo de la vicepresidenta lo está preparando con especial cuidado. De nuevo, como hace unas semanas con el Papa Francisco, supone la interlocución cara a cara de la ministra de Trabajo con una figura internacional de primera fila; pero a diferencia del encuentro con el Pontífice, que fue una audiencia privada, en esta ocasión Díaz medirá sus ideas públicamente con las de un respetado científico social. Sabedores de que lo que se diga será escudriñado con atención, el equipo de la vicepresidenta quiere lanzar mensajes de calado, y entre otras materias se hablará de impuestos, confirman fuentes de su entorno.

Febrero, el mes clave

Con el terreno ya preparado por lo que diga Díaz con Piketty, las diferencias con el PSOE en impuestos se acentuarán de manera decidida antes de que termine febrero, dicen en Unidas Podemos, porque es cuando se tiene que presentar ese informe encargado el pasado mes de abril por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a 17 expertos para “analizar en profundidad el sistema fiscal [...] y modernizarlo para adaptarlo a los retos del siglo XXI”. En la formación morada creen que esa encomienda ya fue una maniobra dilatoria del PSOE para evitar tocar los impuestos en los últimos meses, y además anticipan que su redactado no satisfará sus exigencias de mayor tributación para las rentas más altas; en todo caso, quieren esperar a que se presente el documento antes de incidir en las diferencias con el PSOE en materia fiscal, para respetar las formas del Gobierno de coalición.

En el partido que dirige Ione Belarra están especialmente inquietos porque esta misma semana, en una entrevista en la Cadena Ser, el presidente del Gobierno calificó la reforma fiscal de “necesaria”, pero para añadir a continuación que “evidentemente, tendremos que hacerla conforme vayamos viendo que se consolida el crecimiento económico”; algo que ven en UP como “ir situándose en un marco de incumplimiento del programa de Gobierno” acordado en diciembre de 2019 por los dos partidos que formaron el Ejecutivo de coalición. “Hasta ahora no se ha hecho casi nada en materia fiscal, con la excusa de la comisión de expertos; en cuanto esté el informe, podremos empezar a reclamar el cumplimiento del programa y daremos una de las batallas que son más importantes y más bonitas para nosotros, porque esto va de reducir las diferencias entre ricos y pobres”, apuntan desde la formación morada. En el acuerdo PSOE-UP de 2019 se plantea estudiar la fiscalidad de las grandes fortunas "al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo", una nueva fiscalidad verde "evitando siempre que cualquier modificación recaiga sobre las clases medias y trabajadoras" o seguir aumentando los tipos en los tramos más altos del IRPF, entre otras cosas.

La última controversia importante entre PSOE y UP por las políticas fiscales ocurrió durante la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, y mantuvo durante unos días en el aire las cuentas, lo que tardó Hacienda en admitir la exigencia de los morados de que se incluyese ya para este año la fijación del tipo mínimo del impuesto de sociedades para grandes empresas en el 15%.

Reforma fiscal: Verde, digital y orientada a la armonización de patrimonio

Los expertos que tienen que presentar su informe antes de que acabe febrero tienen como misión analizar todo el sistema tributario - lo que incluye "la imposición directa, indirecta y los restantes ingresos públicos"- desde el punto de vista de "la eficiencia económica y también desde la equidad interpersonal, territorial y de género". Pero el encargo de Hacienda pone especial énfasis en algunas áreas: el Libro Blanco "se enfocará especialmente en la fiscalidad medioambiental; la imposición societaria; la tributación de la economía digitalizada; la fiscalidad de las actividades económicas emergentes, así como la aplicación y concreción de la armonización de la tributación patrimonial".


En algunos de estos aspectos, el Gobierno ya ha tomado medidas, como en la citada fijación del tipo mínimo de Sociedades en el 15%, o la aprobación de los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y la actividad de las plataformas digitales -las llamadas tasas Tobin y Google-; en otros, está casi todo por hacer, y la oposición política será tenaz: la subida al impuesto al diésel se cayó de los dos últimos presupuestos por el rechazo del PNV, y la armonización de patrimonio dio lugar a una guerra de declaraciones entre el Gobierno de la Comunidad de Madrid (que bonifica ese tributo al 100%) y la ministra de Hacienda, además de otros socios parlamentarios del Ejecutivo.