Las camareras de piso están enfadadas y decepcionadas con los términos de la reforma laboral porque no soluciona los principales problemas que afectan a su colectivo, especialmente la subcontratación.

"Nadie está por la labor de arreglar el problema que tienen las mujeres precarias. (...) Las kellys estamos muy enfadadas, mucho, porque esperábamos más de Yolanda Díaz", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA María del Mar Jiménez, trabajadora en un hotel de Madrid.

La reforma del Gobierno les resulta decepcionante porque no cumple la promesa del pacto de coalición de modificar el artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para limitar la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

La externalización de la limpieza de los hoteles subyace a la degradación de las condiciones laborales y la precarización de las camareras de piso: muchas han terminado trabajando para empresas multiservicio donde cobran mucho menos de lo que ganaban cuando estaban sujetas al convenio de hostelería y trabajaban directamente para los hoteles.

"Llevamos cinco años intentando que se tire para atrás el artículo 42. La subcontratación ni la han tocado. (...) El presidente de los empresarios dejó claro que no se podía tocar ni una coma", asevera Jiménez.

Uno de los cambios que se introducen es que las trabajadoras no podrán cobrar menos que el salario estipulado por el convenio sectorial, pero las camareras de piso indican que la mayoría es contratada como limpiadora, no como camarera, por lo que el convenio que rige es el de limpieza y no el de hostelería. La diferencia de salario puede llegar a ser de 400 euros entre ambos. "No se te contrata como camarera de piso, sino como limpiadora en empresas de servicio y esto no nos influye para nada", se queja Jiménez.

"De segunda"

Las kellys también hacen hincapié en que, al margen del salario, el convenio de aplicación seguirá siendo el de la empresa, por lo que "el resto de las discriminaciones y abusos permanecen", según decían las Kellys Madrid al conocerse los términos de la reforma.

Jiménez cuenta que las empresas de servicios no contratan por jornada completa, sino por cuatro o seis horas, pero exigen a las trabajadoras cubrir un número de habitaciones excesivo que terminan haciendo en horas extra que no les son pagadas.

"Es nuestra vida y nuestra salud. No se nos reconoce ninguna enfermedad laboral. (...) Al final esto va a pasar en todos los sectores, empezamos nosotras, pero la ola llegará a todos", avisa esta camarera de piso de Madrid.

"Ni políticos ni empresarios están por la labor de ayudar a las kellys. Las mujeres siempre seremos ciudadanas de segunda", subraya Jiménez, camarera de piso en Madrid.

Algunos políticos, como Íñigo Errejón (Más País), han mostrado su descontento con la reforma y han alzado la voz para denunciar que sigue afectando a colectivos como el de las camareras de piso. Sin embargo, Jiménez ya no cree a nadie: "Lo tenemos muy claro después de cinco años en la pelea, a nadie les interesa nuestra situación. A la hora de dar visibilidad para sus partidos, lo han hecho el PSOE, el PP, Unidas Podemos, lo han hecho todos los partidos porque son votos para ellos, pero nada más", lamenta.

"Ya verás cómo de cara a las próximas elecciones todos se acuerdan de las kellys, pero a la hora de la verdad no hacen nada", sentencia.

Cambios menores

El acuerdo alcanzado por Gobierno, empresarios y sindicatos a finales de año retoca el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, el que se refiere a la subcontratación, pero con menos ambición de lo que se planteó en los primeros compases de la negociación, hace meses.

El cambio de más calado es el que establece que “el convenio colectivo de aplicación para las empresas contratistas y subcontratistas será el del sector de la actividad desarrollada en la contrata o subcontrata”, es decir, que una empresa que se dedique a la limpieza tendrá que regirse, en principio, por las normas del convenio de referencia (provincial, autonómico o estatal) de limpieza, evitando a las trabajadoras quedar sometidas -como disponía la reforma laboral de 2012- a los convenios de empresa, que podían rebajar las condiciones salariales y laborales respecto al convenio sectorial.

Pero la potencia de ese cambio queda rebajado por los redactados incluidos a continuación, que se incorporaron en el tramo final de la negociación, cuando se hizo un esfuerzo para que la patronal entrase en el acuerdo: a la disposición general de que rige el convenio de actividad se le agrega “salvo que exista otro convenio sectorial aplicable”, lo que da margen a las empresas multiservicios, que se dedican a varias actividades económicas, para encuadrar a sus trabajadores en la categoría que paga menos, sobre todo cuando se trata de tareas similares (como pasa con las camareras de piso y las limpiadoras).

Además, se establece que “cuando la empresa contratista o subcontratista cuente con un convenio propio, se aplicará este”, lo que deja en la práctica en manos de la subcontrata libertad para fijar todas las condiciones laborales de sus empleados como le plazca salvo el salario, que deberá respetar la referencia sectorial.

En los redactados de la reforma que se negociaban antes del verano los límites a las empresas eran más estrictos: no se permitía a la subcontrata elegir el convenio sectorial de referencia, y se especificaba que las reglas del convenio de empresa sólo se podrían aplicar “siempre que esta norma convencional garantice, como mínimo, los mismos derechos que el convenio sectorial”.