La CEOE y los sindicatos apoyan la reforma laboral y el Gobierno de coalición ha conseguido este jueves atar así un acuerdo para derogar parte del legado del PP, vigente desde el 2012. La cúpula de la patronal ha dado el 'sí' a primera hora de la mañana y al mismo han replicado los comités confederales de CCOO y UGT, que se han pronunciado al filo del mediodía. Fumata blanca tras nueve meses y medio de negociaciones y una última semana de maratonianas (y tensas) reuniones que han alumbrado un documento final de 47 páginas, al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, diario de Prensa Ibérica, el mismo grupo que este periódico, y que dan forma a una de las reformas estrella de la legislatura. "Es un día histórico para los trabajadores y trabajadoras de España", ha declarado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

La coalición logra finalmente vencer las resistencias de la CEOE y sumarla al acuerdo con cambios menos restrictivos en temporalidad que los inicialmente planteados, como con la retirada de los porcentajes máximos de eventuales según el tamaño de empresa, tal como adelantó El Periódico de Catalunya. También se cae de la reforma uno de los huesos de las negociaciones: los eventuales en fraude que sean despedidos por las empresas para evitar hacerlos fijos no tendrán la consideración de nulos, tal como se planteó. No obstante, donde el Gobierno no ha cedido es en aumentar las multas para cazar el fraude. Las máximas suben de 7.500 euros a 10.000 euros y pasan a aplicarse por trabajador y no por empresa (antes si los inspectores detectaban a 20 trabajadores en fraude aplicaban una única sanción y ahora aplicarán el importe equivalente a los empleados en fraude).

No ha sido fácil para nadie dar el 'sí' y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha tenido que lidiar con fricciones internas pese a las cesiones obtenidas. Foment del Treball, la patronal madrileña (CEIM), la agraria (ASAJA) y la del auto (ANFAC) se han abstenido de una votación que, no obstante, ha sumado mayoría de 'síes' este jueves a primera hora de la mañana en el comité ejecutivo. Y ello pese a que el Ejecutivo ha accedido a unos nuevos ertes ambiciosos en gasto público y no ha reforzar los convenios autonómicos sobre los estatales, tal como pedían los patronos. 

El Ejecutivo ata los equilibrios oportunos para retener a unos sindicatos que recuperan poder en la negociación colectiva y consiguen mayores penalizaciones para las compañías que abusen de la eventualidad, aunque han visto como en los últimos compases de la negociación el Ejecutivo ha cedido un terreno que les hubiera gustado conservar.

Una "montaña rusa" de negociaciones

"Esto ha sido una montaña rusa. Por momentos parecía que el acuerdo era inminente y al poco parecía que se rompía", cuenta una fuente conocedora de las conversaciones. El documento consensuado por las partes deberán pasar ahora el veredicto final de todas las cúpulas de las organizaciones sociales, que en la mañana de este jueves están citadas para dar el 'ok' definitivo. Para luego dar paso a su aprobación en un próximo Consejo de Ministros, siendo el 28 de diciembre la fecha que las partes tienen anotada en rojo en las agendas.

Las negociaciones abiertas por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y cerradas por un equipo multi ministerial de negociadores se han dilucidado en la tarde de este martes. El parto ha sido largo, tenso y no exento de complicaciones. Por el camino ha habido crisis internas en la coalición, con PSOE Unidas Podemos cruzando sables en público y privado por el liderazgo (y rédito) de las negociaciones. Exabruptos de una patronal que llegó a tildar la reforma de "ideológica", "intervencionista" y con elementos "más propio de contextos afortunadamente ya superados en toda Europa". Y unos sindicatos apretando por recuperar unas posiciones arrebatadas sin consulta por el PP hace casi ya 10 años.

No habrá derogación de la reforma laboral de Mariano Rajoy, no al menos en sentido estricto. Lo preacordado entre Gobierno, patronal y sindicatos es otra cosa que toca algunos de los elementos de esa reforma, deja intactos otros e introduce novedades que la misma no abordó. La principal victoria que podrán lucir las centrales tras una década insistiendo es la recuperación de la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa. No obstante, no se toca de momento un elemento que reivindicaban: el despido. El Ejecutivo no ha querido recuperar ni las indemnizaciones de 45 días que se pagaban antes del 2012, ni los salarios de tramitación ni recuperar competencias en cuanto a autorización de los eres.

Coto a la temporalidad

La máxima de toda negociación es que todas las partes deben acabar moderadamente disconformes con el resultado y esta no ha sido una excepción. "Saldremos mejor de lo que estamos, pero en algunos puntos peor de lo que estábamos antes del PP", apunta un dirigente sindical. La reforma laboral del Gobierno de coalición mete mano directamente a los contratos temporales para atajar la mayor rotación existente en un estado miembros de la Unión Europea. Este ha sido uno de los nudos gordianos de las negociaciones, tanto dentro del Gobierno como con los agentes sociales, tal como ya explicó EL PERIÓDICO a finales de octubre.

La principal novedad es que elimina el contrato de obra y servicio, que hasta ahora movía cuatro de cada 10 contratos eventuales en España. Y lo sustituye por un contrato de máximo 90 días para picos de faena previsibles, y uno de entre seis meses y un año para picos de faena imprevisibles. Sigue el contrato para cubrir bajas, incapacidades y excedencias, en un esquema que busca que el contrato indefinido sea más ordinario de lo que actualmente es.

Otra de las novedades es la figura de los nuevos ertes, que recoge la experiencia durante la pandemia y habilita mecanismos en caso de suspensión por causas de fuerza mayor, ante crisis cíclicas generalizadas y ante crisis localizadas en un sector. El 'Mecanismo RED' contemplará ayudas a las compañías que no despidan y opten por la suspensión, así como incentivos a aquellas empresas que contraten a trabajadores en erte en otras empresas en crisis.

Más garantías en la subcontratación

Lo pactado en el diálogo social también toca la subcontratación, una vía que muchas empresas utilizan más para ahorrarse salarios que para especializarse. El último borrador planteaba que una subcontrata pueda escoger entre dos convenios: o bien el convenio de la empresa para la que está subcontratada o bien el convenio de la actividad que ejecuten los subcontratados.

Siguiendo un ejemplo: Una subcontrata de Seat podría aplicar el convenio de Seat o bien el convenio del sector de la actividad que realice para Seat. Si le presta servicios de jardinería, pues el convenio de jardinería. Si le presta servicios de limpieza, pues de limpieza. Y si es una empresa multiservicios que le presta diferentes servicios, los jardineros tendrán el convenio de jardinería y los de limpieza, de limpieza. Este artículo ha generado tensiones en las últimas horas de la negociación y puede albergar cambios.

Un tanto que se ha anotado la CEOE ha sido evitar dar más poder a los convenios autonómicos sobre los estatales. Aquí el Gobierno pretendía clarificar el redactado actual del Estatuto de los Trabajadores, que ha judicializado algunos conflictos, pero finalmente y en aras de alcanzar un acuerdo ha aparcado esta cuestión ante las demandas patronales.