La Comisión Europea está dispuesta a ser flexible con los plazos que maneja para que los países tengan listas sus reformas a cambio de las inyecciones millonarias de fondos europeos; y singularmente, en el caso de España, esto significa dar algo más de margen a la reforma laboral. Fuentes del ejecutivo europeo aseguran que el compromiso de que el Consejo de Ministros apruebe la nueva normativa del mercado de trabajo antes del 31 de diciembre "es más una fecha indicativa que una obligación legal", un alivio para el Ejecutivo y los agentes sociales ahora que quedan 21 días para el final de 2021 y las negociaciones para tratar de lograr un acuerdo no pasan por su mejor momento. Sin embargo, desde el Gobierno mantienen -por el momento- su empeño de que el Boletín Oficial del Estado (BOE) recoja la nueva legislación antes de que empiece 2022.

Según las fuentes comunitarias, los compromisos adquiridos para finales de este año (que además de la normativa laboral incluyen la próxima fase de la reforma de las pensiones) han de estar aprobados y publicados en el BOE "antes de pedir el siguiente desembolso de fondos europeos", es decir, los 12.000 millones que corresponden a España, según el calendario pactado con Bruselas, para el primer semestre de 2022. Retrasarse en las reformas significa retrasar la petición del dinero, lo que a su vez demoraría la aprobación por parte de los Estados miembro y, a la postre, supondría una llegada más tardía de esos recursos, aunque no habría consecuencias ulteriores. "Es como un contrato: cuando se cumplan las condiciones, daremos el dinero", explican desde la Comisión Europea, que añaden que prefieren que la reforma laboral "esté bien, aunque llegue un poco tarde".

Sin embargo, en el Gobierno no parecen dispuestos a servirse de ese tiempo extra. Esta misma semana, en una rara muestra de unanimidad, las vicepresidentas primera y segunda coincidían en subrayar que la reforma laboral estará lista antes de fin de año: "en el tiempo que llevo de ministra sólo les he dado un plazo: el 31 de diciembre, porque está recogido en el Componente 23 [la parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia dedicada al empleo], que hemos presentado ante la Comisión Europea y que nos obliga a que antes del 31 de diciembre se encuentre publicada en el BOE la reforma estructural del mercado de trabajo en nuestro país", aseguraba este jueves Yolanda Díaz; "estamos trabajando intensamente, y yo confío en que lleguemos cuanto antes a un acuerdo y que podamos por tanto tener las normas aprobadas antes del final de año", afirmaba por su parte Nadia Calviño el pasado lunes en Bruselas.

Objetivo, fin de año

Fuentes del Gobierno explican a El Periódico de España que diga lo que diga la Comisión, el calendario con el que se programan las medidas que se van aprobando es el que figura en los documentos oficiales en los que se fijan los plazos, que explicitan que el final de este año es el límite para tener listas las reformas que se están discutiendo ahora con los agentes sociales, como la negociación colectiva o los nuevos mecanismos de regulación temporal de empleo. Uno de estos textos clave es el llamado Operational Agreement, rubricado el mes pasado y que abrió la puerta a la llegada de los primeros 10.000 millones de financiación europea. En él se detallan todas las reformas e inversiones previstas hasta 2026 y se fija una fecha para cada una de ellas.

"Si hay plazos comprometidos, se respetan; y el escenario de retrasarse no se está contemplando", insisten estas fuentes gubernamentales, que ponen como ejemplos de promesas cumplidas una de Inclusión y otra de Trabajo. La primera, la reciente aprobación del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la subida de las cotizaciones a la Seguridad Social durante diez años para apuntalar el sistema de pensiones. El compromiso adquirido ante los agentes sociales era tenerlo listo como tarde el 15 de noviembre, y la fecha se cumplió, aunque eso supuso que la patronal se quedase fuera del acuerdo; el plazo que Europa daba de margen para esa reforma era considerablemente más largo: mediados de 2022. En el caso de Trabajo, se había prometido a Europa tener el anteproyecto de la Ley de Empleo listo antes de finales de este año, y se cumplió en el Consejo de Ministros del pasado viernes.

¿Qué pasa si hay un retraso en las reformas?

El proceso por el que los Fondos Next Generation EU llegan desde Bruselas al Gobierno implican varios pasos que pueden llevar semanas o incluso meses, así que cualquier retraso en el cumplimiento de las reformas prometidas puede suponer una demora considerable en la recepción del dinero. Primero, el Gobierno tiene que solicitar la entrega cuando considere que ha cumplido con las reformas e inversiones previstas en los pactos entre España y Europa; después, la Comisión Europea tiene que verificar el cumplimiento y, finalmente, el resto de socios europeos ha de dar la luz verde definitiva. El único ejemplo que tenemos hasta la fecha es precisamente el de la petición, por parte de España, del primer pago de fondos europeos, por un importe de 10.000 millones de euros (ya se habían facilitado 9.000 millones el pasado verano en concepto de prefinanciación): la solicitud por parte del Gobierno de Pedro Sánchez fue el pasado 11 de noviembre, el Ejecutivo comunitario dio su "ok" el pasado 3 de diciembre, y se espera para antes de fin de año el plácet del Comité Económico y Financiero (EFC, por sus siglas en inglés), en el que están los representantes de los 27 Estados miembro. En todo caso, la agilidad de la tramitación en esta ocasión se debe a que buena parte de las reformas comprometidas estaban ya hechas; se espera que en ocasiones posteriores se dilaten más los tiempos (la Comisión tiene hasta 2 meses para dar su veredicto, y el EFC un mes más). De acuerdo con el calendario previsto, España solicitará fondos una vez por semestre; la siguiente entrega, de 12.000 millones, habrá de pedirse a lo largo de la primera mitad de 2022.