El Congreso de los Diputados ha convalidado este jueves por mayoría los reales decretos de pensiones y estabilización del empleo público. Los partidos que forman el Gobierno -PSOE Unidas Podemos-, en alianza con formaciones como ERC PNV, han dado luz verde a dos de las reformas troncales de la legislatura y de las que depende la llegada de gran parte de los fondos europeos durante el próximo ejercicio. Por un lado, la 'reforma Escrivá', que habilita la revalorización de las pensiones cada año en función de lo que suba el IPC, además de desincentivar las prejubilaciones y aumentar las cotizaciones 0,6 puntos a los trabajadores para costear las prestaciones de los 'baby boomers'. Y, por el otro, la nueva ley de interinos, que permitirá que aquellos eventuales que lleven cinco años de manera ininterrumpida en la misma plaza puedan consolidarla sin tener que pasar por una oposición, sino vía concurso de méritos.

El pleno de la cámara baja ha apoyado por más votos a favor que en contra dos reformas troncales que el Gobierno pactó -en parte- con los agentes sociales y que luego los partidos políticos han perfilado como proyectos de ley. Y, tanto en el caso de las pensiones, como especialmente en la de interinos, han introducido modificaciones sustanciales sobre el texto original. ERC y PNV han sido actores clave en ambas votaciones, dada la aritmética parlamentaria existente y la necesidad del Ejecutivo de coalición de ampliar su perímetro para sacar adelante sus normas. Los republicanos catalanes, en materia de pensiones, introdujeron la obligación de realizar una auditoría de la Tesorería de la Seguridad Social para determinar el origen y destino de sus gastos durante los últimos 40 años. El objetivo de ERC es clarificar si los diferentes Gobiernos utilizaron los fondos de la hucha de las pensiones para costear otros gastos y demostrar que, con el flujo puramente de cotizaciones y gastos propios, el sistema público de pensiones es sostenible a largo plazo.

En cuestión de interinos, las aportaciones de los partidos nacionalistas, a cambio de su apoyo para que el PSOE y Unidas Podemos lograrán sacar adelante el texto, han sido numerosas. La principal y más sustantiva es la creación de unos concursos extraordinarios para estabilizar a miles de interinos que actualmente se encuentran en fraude de ley por ocupar una plaza estructural desde hace años, pero con un contrato temporal. Aquí inicialmente el Gobierno pactó con los sindicatos un sistema de nuevas oposiciones, con la intención de publicitar unas 300.000 plazas en un periodo de tres años. Y aquí ERC, PNV o EH Bildu presionaron para introducir una vía alternativa y más garantista para evitar que gran parte de los interinos que ocupaban dichas plazas tuvieran el riesgo de suspender la oposición y quedarse sin plaza.

Primero el Ejecutivo se abrió a habilitar un concurso de méritos para los interinos que llevaran 10 años en la misma plaza, para más tarde pactar rebajar dicha cifra a cinco años. Y eliminado la condición de que no se hubiera convocado ninguna oposición a dicha plaza durante todo ese periodo. Finalmente hubo pacto entre la mayoría de partidos -con PP, Vox, C's y la CUP en contra- y el nuevo texto enmendado ha sido convalidado este jueves en el Congreso.

Ahora ambas normas, tanto la de pensiones como la de la función pública, pasan del Congreso al Senado para su trámite último, donde, de no haber un giro inesperado de los acontecimientos y se rompen las actuales mayorías, serán validadas definitivamente y entrarán en vigor.