La reforma de las pensiones se ha topado con un escollo importante en el último día (en principio) de negociación entre empresarios, sindicatos y Gobierno para pactar el nuevo Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), la fórmula diseñada por el Ejecutivo para mantener la sostenibilidad del sistema en las próximas décadas, cuando se jubilará la numerosa generación del 'baby boom'. El Comité Ejecutivo de la patronal -convocado de urgencia telemáticamente- ha expresado su rechazo a la subida de cotizaciones sociales de un 0,6% durante los próximos diez años, que es la última propuesta formulada por el ministerio de Seguridad Social.

Estas fuentes empresariales destacan que la oposición a la medida, que en general comparten todas las organizaciones, ha sido especialmente vehemente en algunos sectores: Sobre todo, en el sector agroalimentario (que se toma esta propuesta como un nuevo golpe que afecta especialmente al sector, como -dicen- la reciente subida del Salario Mínimo Interprofesional o las propuestas de reducción de temporalidad que figuran en los últimos borradores de la reforma laboral), los autónomos y los seguros (que también dicen que su sector se ha visto perjudicado últimamente por varias medidas del Gobierno, como la limitación de las posibilidades de desgravarse las aportaciones a los planes de pensiones privados en el IRPF).

El Gobierno decide

Según fuentes de los agentes sociales, el escenario que se abre ahora está en manos del Gobierno, que tendrá que decidir en las próximas horas si el plazo que se había marcado como límite para la negociación (este lunes) es inamovible o no. Si lo es, tiene unas horas para cerrar un acuerdo con los sindicatos, que ya ha avisado de que, aunque ven bien la propuesta del Gobierno, quieren renegociarla si CEOE se queda fuera del acuerdo. Para UGT y CCOO, la propuesta de reparto de la subida del 0,6% que plantea Inclusión (un 0,4% a cargo de la empresa y un 0,2% a cargo del trabajador) debería modificarse para quedar en 0,5%-0,1%. Además, proponen que el aumento pueda prolongarse en el tiempo más allá de 2023.

Si, por el contrario, el Ejecutivo decide aumentar el plazo para intentar atraer a los empresarios con una nueva propuesta, las conversaciones podrían prolongarse hasta una semana más. Según estas fuentes, lo que se ha acordado en la reunión de hoy entre los negociadores de sindicatos, empresarios e Inclusión es enviar al parlamento algunos de los temas que habían quedado pendientes de cerrar en la anterior reforma de pensiones para el día 22 de noviembre: son materias como la cotización de los becarios o la equiparación en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con los matrimonios. No habría ningún impedimento para seguir negociando el MEI con el objetivo de llevarlo a la Cortes en ese mismo día; el único obstáculo -aseguran- es que el Gobierno quiere mostrarle a Bruselas que cumple sus compromisos y por ello está empeñado en que el 15, el día acordado con los agentes sociales para tener listo el MEI, sea el límite.