El cambio de criterio de la Inspección de Trabajo puede poner en peligro la supervivencia de 13.400 organizaciones empresariales, sindicatos, universidades, institutos y academias que ofrecen cursos de formación profesional. La Inspección considera que los profesores que imparten los cursos y talleres deben estar dados de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena, aunque estas instituciones los han venido contratando como autónomos.
La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm), que recibió una inspección en mayo, ha dado la voz de alarma ante las consecuencias que tendría en toda España la interpretación que la Inspección de Trabajo hace de la normativa que regula la Formación para el Empleo.
La Fremm, que dispone en Murcia de un centro de formación con aulas y talleres en los que se forman al 5.000 trabajadores y desempleados, 1.000 de ellos adscritos al programa de Garantía Juvenil, calcula que en todo el país "se quedaría sin formación cinco millones de alumnos al menos".
Ante las discrepancias legales que plantea la interpretación de Trabajo, la patronal del Metal de la Región de Murcia alerta de que también se verían afectadas "las patronales, los sindicatos, las universidades y otras instituciones dedicada a la formación de los trabajadores".
En la lista estarían también "los centros de formación profesional y academias de preparación a oposiciones, que cuentan con profesionales en calidad de autónomos para impartir sus clases".
Añae que el criterio de la Inspección "afectaría igualmente a las clases particulares en domicilios, preparadores de oposiciones, jornadas técnicas y charlas, entre otros ámbitos.
En el caso de las universidades públicas y privadas, precisa que también los profesores de los másteres están contratados en su mayor parte como autónomos. "Sólo contando el número de estudiantes universitarios perjudicados, el volumen de afectados se dispararía", asegura la Fremm.
La patronal del Metal advierte de que la interpretación de la Ley que regula la Formación para el Empleo por parte de la Inspección de Trabajo "abocaría al cierre a unas 13.400 instituciones acreditadas en toda España que imparten Formación Profesional, 825 de ellas en la Región de Murcia".
La patronal ha contacto con otras organizaciones empresariales para pedir al Gobierno de España una solución urgente que permita una seguridad jurídica evitando así discrecionalidad a la hora de aplicarla".
Entre las organizaciones que también discrepan del criterio seguido por la Inspección figura la patronal nacional Confemetal.
Mientras se resuelve la controversia legal, reclaman "la paralización de expedientes en curso".
La formación que ofrece la Fremm cuenta además con un gran reconocimiento en España y en Europa. Sus instalaciones disponen de aulas, talleres y laboratorios punteros, que incorporan las tecnologías más avanzadas en áreas como la robótica.
La organización defiende que la fórmula utilizada hasta ahora para la incorporación del profesorado como trabajadores autónomos permitía contar con "los profesionales más preparados en cada especialidad" y, en consecuencia, "ofrecer una mayor calidad en la formación para el empleo".
Indica en su comunicado que "con el nuevo planteamiento hecho por la Inspección de trabajo, la contratación del profesorado de los centros de formación para el empleo debe ser ahora por cuenta ajena, cuando la práctica totalidad de las entidades en España trabajan desde hace más de 35 años con profesorado autónomo, siendo conocedor el propio cuerpo de Inspección y habiéndose considerado que era la adecuada".
Defiende igualmente que en las tres décadas que lleva impartiendo formación ha aplicado "la ley vigente, en la que todas las fases del proceso formativo están sometidas cada año a una evaluación permanente por parte de las administraciones, que viene superando con éxito en cada ejercicio, siendo ratificados sus resultados y calidad en los controles".
Por su parte, la Inspección aduce que la organización empresarial es la que pone los medios necesarios para impartir la formación, por lo que debe contratar a sus profesores como trabajadores por cuenta ajena. Ante esta argumentación, la patronal responde que no sería posible ofrecer los cursos sin disponer de los talleres, debido a la tecnología que debe ser utilizada en las aulas y en los talleres.
Precisa que los controles a los que está sometida la gestión de los cursos incluyen "inspecciones del Fondo Social Europeo, de la Intervención General de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y de los organismos que aportan subvenciones".
