Las empresas que actualmente estén en un erte covid tendrán que renovar su expediente ante la autoridad laboral antes del 10 de octubre. Y, a menos que la Administración competente les diga lo contrario, dicho expediente habría sido renovado y seguirán accediendo a las exoneraciones de cuotas. Cambio importante en la negociación, pues hasta ahora la posición del Gobierno era aplicar el silencio administrativo, es decir, si la autoridad laboral no decía nada, el erte quedaba tumbado. Las empresas que no renueven el expediente lo perderán. Este ha sido el consenso alcanzado entre el Gobierno y los agentes sociales en la reunión de este jueves para tratar de pactar una nueva prórroga de los ertes.

El acuerdo todavía no está cerrado y las posiciones entre las partes, sobre todo en la cuestión de ligar formación y ertes, aún están distantes. El principal escollo en la negociación es la pretensión del ministro de Seguridad Social, José Luís Escrivá, de ligar ayudas a empresas a cambio de formación a trabajadores. Para adaptarse a este nuevo paradigma patronal y sindicatos presionan para cerrar una renovación en dos tiempos: alargar las actuales condiciones hasta noviembre y que a partir de entonces entre en vigor esa formación obligatoria para reciclar empleados. Actualmente 253.000 trabajadores en toda España están afectados por un erte, ya sea parcial o total.

El reloj avanza y la fecha del último Consejo de Ministros del mes, previsto para el 28 de septiembre, se acerca. Gobierno y agentes sociales se han conjurado este jueves para no forzar plazos y tener cerrada la negociación antes de dicha fecha. Este viernes a las 10 de la mañana está prevista una reunión, que si no acaba con acuerdo daría paso a un fin de semana de intensos contactos del más alto nivel entre los dirigentes patronales, sindicales y de los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. Y con Moncloa siguiendo de cerca el último minuto. Esta es la sexta prórroga a debate, en las últimas el guion ha sido el mismo y de momento no hay indicios de que vaya a ser diferente.

Renovación en dos tiempos

"Existen grandes discrepancias, [...] las posiciones son muy distantes", le ha dicho el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, al ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, en un acto celebrado este mismo jueves en la sede de la patronal catalana. La idea de Escrivá de ligar las concesión de ayudas a que las empresas den formación a sus trabajadores en ERTE es el principal escollo. "Formación, formación y formación", había invocado unos minutos antes el ministro. Esa condicionalidad es el principal escollo y sobre el mismo no ha habido avances en la reunión de este jueves, en la que ningún representante de Seguridad Social se ha personado y solo los de Trabajo han debatido con los agentes sociales. Una ausencia que no ha sentado bien entre los presentes.

Los agentes sociales, especialmente las patronales, no se oponen directamente a la idea, pero cuestionan los detalles. El coste de dichas formaciones lo asumirá en su mayor parte el erario público, pero las empresas deberán copagar una parte y ahí existen reticencias. Las fechas para impartir la formación o las consecuencias de no cumplir con los compromisos son otros flecos todavía sin cerrar y por lo que los agentes sociales están presionando para posponer la entrada en vigor del nuevo esquema. Según han planteado en la reunión de este jueves al Gobierno, el esquema de ayudas debería prorrogarse tal como está hasta noviembre y a partir de entonces que entren en vigor los programas de formación y se alargue la cobertura de las ayudas hasta el 31 de enero del 2022.

A vueltas con el 'contador a cero'

Otra carpeta pendiente de cerrarse en la negociación de la nueva prórroga de los ERTE son las condiciones para los trabajadores. Actualmente el denominado 'contador a cero', es decir, que todos los trabajadores en ERTE, independientemente de si tienen acumuladas suficientes cotizaciones o no, tengan derecho a cobrar el paro, se extiende hasta el 1 de enero. Los sindicatos piden que se extienda esa cobertura hasta junio del 2022. Es decir, que si un trabajador en ERTE pierde su empleo en los próximos meses, hasta junio del 2022 tiene asegurada su prestación de paro. De momento no hay acuerdo sobre este tema, pero desde el Ministerio de Trabajo reiteran su intención de estudiar la propuesta y negociar una ampliación de ese 'contador a cero'.