Las negociaciones para la subida del salario mínimo interprofesional (SMI) entran en fase agónica. Las posturas de los distintos interlocutores sociales han quedado definidas y desde el pasado lunes, cuando se celebró la última reunión a tres bandas, no ha habido movimientos de calado. Es por ello que los sindicatos exigen al Gobierno que zanje ya este tema y cierre con ellos un acuerdo para tachar este tema de la larga lista de negociaciones pendientes en el diálogo social. Por su parte, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, todavía no renuncia en público a un acuerdo tripartito que incluya a los empresarios, pero comienza a resignarse al 'no' de la patronal: "Voy a intentar sacar un acuerdo con el mayor número de interlocutores", ha declarado este viernes en una entrevista en TVE.
CCOO y UGT han presentado esta semana sus prioridades para el nuevo curso político que comienza este septiembre, con el debate del salario mínimo más caliente que nunca. Y el mensaje de los secretarios generales de ambas centrales en esta cuestión es el mismo: hay que cerrar ya este tema. "Está hablado y más que hablado, el debate no da para mucho más. [...] La pelota está en el tejado del presidente", ha declarado este viernes el líder de CCOO, Unai Sordo; en un encuentro con periodistas. "La subida del SMI tiene que ser inminente, este es un tema que tendríamos que tener zanjado de antes del 1 de septiembre. [...] Las negociaciones están agotadas", decía dos días antes su homólogo de UGT, Pepe Álvarez.
Los contactos informales han sucedido a esa última reunión de este lunes, donde la CEOE se abrió a valorar internamente la posibilidad de algún tipo de incremento; según coinciden varias fuentes conocedoras de las conversaciones. No obstante, ese resquicio se cerró de un portazo el miércoles al mediodía, cuando el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, convocó a su comité ejecutivo y estos refrendaron la postura de no apoyar ningún incremento del salario mínimo para este año. Posición coherente que han mantenido durante todo este año.
El compromiso manifiesto y que ha reiterado este viernes la ministra de Trabajo es que el Gobierno va a subir el salario mínimo este mismo mes de septiembre, con efectos a día 1. Tres Consejos de Ministros tiene por delante Díaz para llevar la cifra final a uno de ellos antes de que acabe el mes. Y, salvo giro inesperado de los acontecimientos, dicho incremento no contará con el beneplácito de la patronal. Es competencia exclusiva del Gobierno aprobar o no la subida del salario mínimo y la situación está actualmente a expensas de esa decisión.
El quid de la negociación ha virado estos días y se sitúa no tanto a la subida para este año, sino ya más en la del año que viene. Que si el Gobierno quiere aplicarla desde enero deberá negociarla, como tarde, en diciembre. Es decir, de aquí a tres meses. Y convertir el "0 euros" actual de la patronal en una cifra que permita al Ejecutivo alcanzar su compromiso de llegar a un salario mínimo de 1.049 euros para el 2023. Los sindicatos aspiran a 1.000 euros a partir de enero del 2022.
"Otoño intenso"
"Tenemos pendientes para estos tres meses del año que quedan elementos importantísimos", planteaba el miércoles el líder de UGT, Pepe Álvarez. "Va a ser un otoño intenso, que según como termine puede acabar en un invierno caliente", ha vaticinado el secretario general de CCOO, Unai Sordo; este viernes. Ambos han coincidido en rechazar que el 'no' de la patronal en la subida del SMI pueda contaminar el resto de cuestiones a debatir en las mesas de diálogo social, como las pensiones, la reforma laboral o la prórroga de los ertes. Aunque reconocen que ya existen diferencias previas sobre esas cuestiones que por sí solas pueden obstaculizar un acuerdo tripartito en alguna de estas cuestiones.
Además de la negociación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, donde las centrales querrán influir. Aquí las centrales han instado al Gobierno a tocar pilares importantes mediante una reforma fiscal, ya desde el 2022 y con voluntad de aumentar el gravamen de las empresas. Especialmente de las más grandes y priorizando actuar sobre los beneficios. "Es el momento de ser valiente con la reforma fiscal", ha defendido Sordo.
