El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha pactado con los sindicatos incluir una indemnización de 20 días por año trabajado para todo aquel interino que pierda su plaza. Sea esta de personal laboral o de funcionario de carrera; según afirman fuentes del CSIF. Así lo han consensuado en la reunión mantenida este viernes entre el Gobierno y las centrales, en la que, no obstante, no se han cerrado los flecos que separan a las partes sobre las responsabilidades que se exigirán a las administraciones que no convoquen a tiempo las oposiciones para así reducir la temporalidad. Desde el ministerio de Iceta no han querido comentar el contenido de las negociaciones.
El principal punto cerrado este viernes entre Iceta y los sindicatos ha sido extender a todo el colectivo de interinos, no solamente a los nuevos, una indemnización por cese. La extensión de este derecho a todo el colectivo se produce a costa de rebajar la cuantía de la indemnización, que en los compases iniciales se fijó en 33 días, pero solo para los eventuales que ingresarán a partir de ahora.
Este punto ya figuraba en el borrador que Iceta trasladó a las comunidades autónomas el pasado jueves y con las que, de momento, no hay acuerdo. Pues la dificultad de las negociaciones radica en que Iceta debe lograr un doble consenso, con autonomías y sindicatos. A menos que apueste por legislar unilateralmente, lo que puede entorpecer el cumplimiento del acuerdo e incluso pone en jaque su validación en el Congreso, por falta de mayoría.
El lunes está prevista una nueva reunión con las centrales en las que Iceta podría cerrar finalmente el acuerdo. Aquí la clave es que Iceta acabe de definir las responsabilidades y posibles penalizaciones a las que se expondrán a partir de ahora los gestores de toda administración que deban convocar las oposiciones. Iceta plantea que, si en tres años no se ha convocado un concurso público y llenado una plaza, el interino que la ocupa será cesado automáticamente (de ahí la indemnización) y la administración de turno se quedará un año con la plaza vacía.
Los sindicatos temen que si no se especifica bien este punto, la reforma sea poco eficiente, pues no es la primera vez que las centrales pactan cambios para rebajar la temporalidad (ya pasó en el 2017 y el 2018), con pobres resultados. La complicidad aquí de las autonomías es clave, pues en sus servicios donde se concentran los porcentajes más elevados de eventualidad. Y serían sus gestores quienes más probabilidades tendrían de, en caso de incumplimiento, ser objeto de las posibles sanciones que se introduzcan. Según el penúltimo borrador remitido a las autonomías, dichas penalizaciones no se especificaban de manera clara.
