El acuerdo para una nueva prórroga de los ertes covid, hasta el 30 de septiembre, no ha podido aprobar este martes. La fumata blanca se hará esperar y es que Gobierno y agentes sociales todavía no han conseguido cerrar una entente, tras unas maratonianas negociaciones en los últimos días. Del mismo dependen directamente unos 600.000 trabajadores y el veredicto final llegará este jueves, a las cuatro y media de la tarde, cuando el Ejecutivo ha convocado un Consejo de Ministros extraordinario. Allí aprobará la prórroga de los ertes covid, con o sin acuerdo del diálogo social.

Finalmente la patronal  CEOE no ha aceptado este martes por la mañana la última propuesta trasladada por el Ejecutivo, que diferencia las ayudas para las empresas en función de si pueden o no sacar a sus trabajadores del erte. CCOO y UGT, que han apostado por mantener un frente unitario entre los agentes sociales durante las conversaciones, también han renunciado a dar por el momento su beneplácito al texto gubernamental y el acuerdo final, si lo hay, deberá esperar.

El 'no' de CEOE no es definitivo y las partes siguen negociando. "El Gobierno no tiene ninguna duda de que a lo largo de las próximas horas podrá ser posible alumbrar un nuevo acuerdo en el diálogo social", ha declarado la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, tras el Consejo de Ministros donde finalmente no se ha aprobado la prórroga. Las actuales condiciones vencen el 31 de mayo y el tiempo apremia: o el Gobierno se mueve y consigue atraer a los agentes sociales o deberá aprobar la nueva prórroga sin el apoyo del diálogo social. "No contemplo la posibilidad de que no haya acuerdo, los hemos tenido en momentos más duros", ha añadido Montero a este último respecto.

Sería la primera vez que legisla de espaldas a patronal y sindicatos en esta materia. Pase una u otra cosa, el blanco sobre negro del Boletín Oficial del Estado (BOE) dependerá de un Consejo de Ministros extraordinario que se celebrará este jueves. Es decir, ertes covid hasta el 30 de septiembre habrá, la incógnita ahora mismo es el cómo y si contará con el apoyo de los agentes sociales.

No parecía inicialmente la prórroga más difícil de negociar -ya van cinco- y está siendo de las que finalmente más se han envenenado. El acuerdo, si llega, deberá ser 'in extremis' y el Consejo de Ministros de este mismo martes no ha podido sacar adelante texto alguno. El cónclave de este martes empezó sin que los miembros del Gobierno tuvieran la certeza de si acabarían aprobando la prórroga o no, pues en paralelo la patronal estaba celebrando su junta directiva para decidir si aceptaba o no la última propuesta. Finalmente y "por unanimidad", no ha sido así.

Las negociaciones han pivotado en la última semana sobre la cuestión de las exoneraciones sobre las cotizaciones que pagan las empresas por sus trabajadores en erte. Esta cuestión la maneja el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, dirigido por José Luís Escrivá, y el foco de disenso es el nuevo sistema de exoneraciones. Este pretendía introducir una doble vara de medir para aquellas empresas con un erte activo: habrá un tipo de ayudas para aquellos trabajadores que salgan del expediente y otras para aquellos trabajadores que permanezcan inactivos.

Cinco días de margen

Los últimos borradores trasladados desde el equipo negociador de Escrivá han variado poco los porcentajes de exoneraciones prometidas. Una de las últimas ofertas a las que ha tenido acceso este medio plantea diferencias de hasta 30 puntos porcentuales entre trabajadores reactivados y en suspensión. Para aquellos ertes de sectores especialmente damnificados por la pandemia, el Gobierno plantea exoneraciones del 90% (junio y julio) y del 85% (agosto septiembre) para los trabajadores activos en empresas de menos de 50 trabajadores. Y del 80% (junio y julio) y del 75% (agosto septiembre) en el caso de tener más de 50 empleados. Y para los 'inactivos', las exoneraciones arrancan en el 85% (junio), 70% (julio), 60% (agosto) y 50% (septiembre) en el caso de menos de 50 empleados. Y del 75% (junio), 60% (julio), 50% (agosto) y 40% (septiembre) en el caso de más de 50 empleados.

Ni patronal ni sindicatos han gustado en ningún momento de este esquema, pues consideran que incentiva una competencia desleal y que no es eficiente, ya que las empresas no deciden su capacidad para salir del erte en función de las ayudas, sino de la demanda que ven en el mercado y el margen que permitan las restricciones sanitarias. Escrivá ya anunció antes de iniciar las negociaciones que esta sería una de las líneas que quería introducir y durante las mismas se ha enrocado en esa cuestión.

Yolanda Díaz, por la parte referente al Ministerio de Trabajo, cerró con prontitud sus cuestiones, prorrogando en prácticamente las mismas condiciones: prohibidos despidos durante los seis meses de finalizar el erte (bajo pena de devolver las ayudas), mantenimiento del 70% del importe de la prestación del SEPE, 'contador a cero' de la misma durante el 2021 y limitación a las horas extras o nuevas contrataciones; entre otros.

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Autónomos, también sin acuerdo

Otro flanco que el Gobierno tiene pendiente de cerrar es la prórroga de las ayudas para trabajadores autónomos. Hasta ahora ertes y autónomos han ido en el mismo real decreto y desde el Ejecutivo de momento plantean que siga siendo así. Las ayudas para trabajadores por cuenta propia también vencen el 31 de mayo y actualmente unas 450.000 personas las están cobrando. Sobre este punto hay un disenso parcial entre las organizaciones de autónomos. Upta ya avanzó su 'ok' a la última propuesta de Escrivá, mientras ATA se mantiene por el momento en el 'no'.