El visto bueno de la patronal no es condición indispensable para derogar en todo o en parte la reforma laboral del PP. El Gobierno ha intentado este miércoles en intentar rebajar el malestar de los sindicatos, provocado por unas polémicas declaraciones de Pedro Sánchez a PrensaIbérica, grupo al, que pertenece este periódico. "Habrá reforma laboral si hay acuerdo social", dijo el presidente este domingo en una entrevista. Tanto CCOO como UGT salieron rápidamente al paso, al considerar que el Ejecutivo estaba otorgando a los empresarios capacidad de veto sobre la nueva normativa.
Pero la portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, ha rechazado esta tesis tras el Consejo de Ministros. Las palabras de Sánchez, ha dicho la también titular de Hacienda, no suponen "otorgar capacidad de veto a nadie". Son, ha continuado, una llamada a "volver al marco del diálogo social", para que "sindicatos y patronal encuentren un equilibrio justo".
"Siempre y cuando los actores sociales quieran esta reforma laboral, el Gobierno está dispuesto a a acompañarla", insistió Sánchez en su entrevista con este diario. Las palabras del líder socialista, que llevó en su programa electoral la derogación de la normativa del PP, aprobada durante la mayoría absoluta de Mariano Rajoy, sentaron muy mal en los sindicatos. "La derogación no es una opción, es una obligación", dijo el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. "Una cosa es apostar por el diálogo social y otra conceder poder de veto a una de las partes", señaló su homólogo en CCOO, Unai Sordo.
Un asunto espinoso
Aunque Montero se ha esforzado este miércoles en aplacar el enfado de las centrales, no ha reafirmado el compromiso en la derogación de la reforma laboral, un asunto espinoso dentro de la coalición. El PSOE de la ley. En cambio, Unidas Podemos, formación a la que pertenece la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, apuesta por la derogación total.
El conflicto quedó claramente plasmado el pasado mayo, durante el momento de mayor debilidad parlamentaria del Ejecutivo, que sufría para aprobar las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma. Para lograr el apoyo de EH Bildu, socialistas y morados se comprometieron con los aberzales a derogar de forma "íntegra" la reforma. Horas después, el PSOE se desmarcó de aquel compromiso, mientras Pablo Iglesias, líder de Podemos y vicepresidente segundo, subrayaba que lo pactado era de obligado cumplimiento.
No es una prioridad
En cualquier caso, la anulación de la normativa del PP, que los socialistas continúan insistiendo que será solo parcial, ceñida a sus apartados más perjudiciales para los trabajadores, no se espera antes de que acabe el año. Las negociaciones para la derogación se vieron interrumpidas por la llegada de la pandemia y antes de marzo únicamente se aprobó dejar sin efecto el despido procedente por bajas laborales. Según ha dicho Montero este miércoles, "lo prioritario son los Presupuestos Generales del Estado", que tras el visto bueno del Congreso la semana pasada se encuentran ahora en el Senado y entrarán en vigor el 1 de enero. La portavoz, al igual que había hecho horas antes del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se ha mostrado también en contra de reducir la jornada laboral a cuatro días, una medida reivindicada por Iglesias. "No debemos desconcentrarnos de lo que ahora nos ocupa prioritariamente", ha defendido la titular de Hacienda.
Aun así, el Consejo de Ministros espera activar antes de que acabe el año otras medidas, como las ayudas a la hostelería y el decreto antidesahucios, que ya van con retraso. Y en las "próximas semanas", ha dicho Montero, habrá también medidas frente a la pobreza energética.
