El Gobierno estudia prorrogar hasta el 31 de enero varias de las medidas especiales que el Gobierno aprobó en su día para proteger el derecho a la vivienda de personas en situación de vulnerabilidad a causa de la pandemia y que estaba previsto que concluyeran al final de este mes.

Según han informado a Efe fuentes del Gobierno, el Consejo de Ministros de mañana martes estudiará la posibilidad de mantener hasta el 31 de enero los impedimentos para acometer desahucios a inquilinos en situación de vulnerabilidad vinculada con la COVID-19.

También estudiará mantener por cuatro meses más las medidas de aplazamiento del pago o quitas del 50 % del alquiler a las familias en situación de vulnerabilidad, siempre que los arrendatarios sean grandes tenedores de viviendas (diez o más).

Consultado por Efe, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que es sobre el que recaen estas competencias, no se ha pronunciado al respecto, aunque fuentes de otros departamentos sí apuntan en ese sentido.

Además, el Ejecutivo estudia ampliar también hasta el 31 de enero la posibilidad de que el inquilino exija una prórroga de seis meses de los contratos de alquiler vigentes en el momento de declararse el estado de alarma en las mismas condiciones.

Dichas medidas, destinadas a proteger a los más vulnerables y a evitar subidas abusivas de los alquileres fueron aprobadas, entre otras, en el real decreto de medidas económicas del 31 de marzo y prorrogadas por otro real decreto el pasado julio hasta el 30 de septiembre.

Por su parte, la paralización de los desahucios, que también se extiende hasta el 31 de enero, estaba vigente hasta el 2 de octubre. También vencen el miércoles otras medidas del denominado "escudo social", como la prohibición de los cortes de suministros básicos. Fuentes del Ministerio competente no han facilitado información a Efe sobre si mañana se estudiará también su prolongación.