El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes al primer tramo de 20.000 millones de euros de la línea de avales públicos para créditos a empresas de 100.000 millones que aprobó la semana pasada para combatir los devastadores efectos económicos del coronavirus y con la que pretende movilizar hasta 100.000 millones adicionales del sector financiero. El Estado garantizará el 80% de los préstamos a autónomos y pymes, para los que se han reservado 10.000 millones de ese primer tramo. Para el resto de empresas, el aval será del 70% en los créditos nuevos y el 60% en las renovaciones.

La vigencia de las garantías será igual al plazo del crédito, con un máximo de cinco años, y su aplicación será retroactiva, con lo que podrán beneficiar a los créditos concedidos desde el 18 de marzo. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha explicado que la financiación servirá para pagar salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias..

Montero ha explicado que, cuando se agoten los primeros 20.000 millones, se activarán "de forma automática" tramos adicionales hasta los 100.000 millones. "Queremos observar cómo se comporta este mecanismo. Si hubiera que ajustar alguno de los criterios por la demanda o la situación del mercado, estaremos en condiciones de poder abordarlo", ha explicado.

Los porcentajes cubiertos están por debajo de los pedidos por los bancos (90% para pymes y autónomos, 80% para empresas y 70% para grandes empresas), pero también por encima de lo planteado preliminarmente por el Ejecutivo (50% general y garantías mayores para algunos tipos de empresas). "Las condiciones son distintas para las empresas que tienen más músculo financiero respecto a las pymes y los autónomos", ha justificado Montero, que también ha destacado que los comités de riesgos de los bancos tendrán ahora "más facilidad" para aceptar la concesión de los créditos gracias al aval público.

Condiciones

Según ha explicado el Ministerio de Asuntos Económicos, las empresas y los autónomos podrán pedir los avales si están afectados por los efectos económicos del coronavirus, y no estaban en situación de morosidad a 31 de diciembre del 2019 ni en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020. Podrán pedirlos para sus operaciones hasta el 30 de septiembre de este año, dirigiéndose a las entidades financieras con las que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) haya suscrito acuerdos de colaboración.

Los bancos, ha explicado el departamento que dirige Nadia Calviño, se deberán comprometer a mantener los costes de los créditos avalados en línea con los que aplicaban antes del inicio de la crisis del coronavirus. También deberán mantener, al menos hasta el 30 de septiembre, los límites de las líneas de circulante concedidas a todos los clientes y, en particular, a aquellos clientes cuyos préstamos resulten avalados. El coste del aval, de entre 20 y 120 puntos básicos, será asumido por las entidades.