El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha dicho que sería "ideal" que los nuevos Presupuestos Generales del Estado, que espera llevar al Congreso "cuanto antes", contuvieran "los términos fundamentales" de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Todo ello después de que este mismo miércoles desde su departamento se asumía que no iba a ser posible cerrar una reforma del sistema de financiación antes de finales de año, y de remitir su negociación, además de al diálogo con las comunidades, a la Comisión Territorial recientemente constituida en el Congreso.

Sin embargo, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos del Congreso, Montoro ha dicho que "sería ideal" que, "dado el retraso" con el que se van a aprobar --deberían de haber sido llevados al Parlamento antes de octubre-- contuvieran "los términos fundamentales de un nuevo modelo de financiación autonómico".

"Eso sería lo ideal que hiciéramos. Eso nos exigiría que en estas semanas hiciéramos un trabajo en términos políticos para que, a partir de esos Presupuestos, lo que se hablen sean los parámetros nuevos de financiación de nuestras administraciones territoriales", ha dicho.

Montoro ha sugerido acometer en las próximas semanas "un trabajo en términos políticos" que permita avanzar, aunque esta mañana fuentes de Hacienda habían descartado que el Gobierno vaya a presentar una propuesta este año.

Montoro ha explicado que hay reuniones del comité técnico dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la próxima fase será la negociación política para conocer las prioridades de los gobiernos autonómicos ante de convocar el CPFF, algo que no cree que vaya a ocurrir este año.

El ministro ha insistido en que la reforma debe afrontarse "sin más tardanza" y de manera consensuada con los grupos políticos, en especial con el PSOE.

Esto permitiría incluir los aspectos fundamentales de la reforma en los Presupuestos de 2018, que deberían haberse presentado en septiembre para terminar su trámite parlamentario antes de final de año.

El ministro ha afirmado que "seguro que hay Presupuestos" una vez que se recupere la "normalidad democrática" en Cataluña tras las elecciones, ya que la crisis secesionista es lo que "se ha cruzado" en el calendario presupuestario. Además, ha resaltado que los presupuestos están "muy elaborados y muy negociados".

Serán estas cuentas las que incluyan la anunciada subida salarial para los funcionarios, que se va a producir "seguro", aunque ha evitado pronunciarse sobre qué ocurrirá si no se aprueban.

En su intervención, Montoro ha repasado los datos de ejecución presupuestaria, que dice permitirán terminar el año en el objetivo del 3,1 % del PIB, "a un paso" de salir del procedimiento de déficit excesivo como la Comisión Europea ha avalado esta mañana.

Este cumplimiento llega gracias al buen comportamiento de la recaudación tributaria, que según el ministro rondará los 200.000 millones de euros, tal y como recogía el Presupuesto y que supone recuperar, diez años después, los niveles de 2007.

Montoro ha insistido en la solidez de la recuperación económica y ha avanzado que las Comunidades Autónomas cerrarán este año con un déficit por debajo del 0,6 % del PIB inicialmente previsto.

Mejorarán su objetivo de déficit y algunas autonomías tendrán superávit, ha agregado y se ha mostrado también dispuesto a actualizar la regla de gasto que contempla la Ley de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera para introducir "matices", pero no para renunciar a ella.

"La regla de gasto forma parte del eje fundamental de la estabilidad presupuestaria", ha aseverado, después de que la mayoría de los partidos de la oposición le hayan urgido a modificarla para permitir que los ayuntamientos con superávit puedan aumentar su límite de gasto.

Ha recordado que la regla de gasto establece además una vía para que las corporaciones locales con superávit puedan hacer inversiones financieramente sostenibles y ha indicado que esta medida también podría extenderse a las comunidades autónomas con superávit.

Ciudadanos ha sido muy crítico con el nuevo cupo vasco pactado entre el Gobierno central y Euskadi, y ha argumentado que es injusto e insolidario, a lo que Montoro ha respondido que el cupo "no financia la solidaridad del País Vasco con el resto de España, sino las competencias que ejerce el Estado y no ejerce la Comunidad Autónoma".

Ha añadido que la solidaridad territorial "es una ficción" y que la real la dan los servicios públicos, tras insistir en que no se pueden hacer comparaciones territoriales porque tampoco se compara el esfuerzo fiscal de los contribuyentes.

Sobre la situación en Cataluña, ha señalado que la situación "está encauzada" y en vías de solución después de la aplicación del artículo 155, y ha recordado que el gobierno catalán no tenía capacidad de acción tras someter a la sociedad a un "formidable engaño" que ha conducido a una salida masiva de empresas.

Ha dado por descontado que el Gobierno respetará los resultados de las próximas elecciones autonómicas y ha dicho que el gobierno elegido debe también aceptar las leyes de España que están en la Constitución.

El objetivo de la independencia y la creación de empleo, ha concluido.